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David gana el pleito a Goliat en O Ribeiro

La jueza da la razón a 17 “colleiteiros” contra el cobro de más precio por embotellar vino autóctono | El presidente de la DO estudia recurrir y recuerda que fue una de las medidas por la crisis

Tres de los miembros de la asociación de “colleiteiros”. // F. CASANOVA

Tres de los miembros de la asociación de “colleiteiros”. // F. CASANOVA

“Es una sentencia muy relevante porque da un toque de atención a los grandes operadores, a las bodegas más grandes de la denominación, acostumbradas a tener mayoría en el pleno del consejo regulador y a mezclar sus intereses particulares con los generales”, expresan desde la Asociación de Colleiteiros Embotelladores do Ribeiro, una entidad que representa a una treintena, de los que un total de 17 presentaron una demanda contra el cobro de distintos precios por las precintas de garantía que certifican la pertenencia a la DO, resultando perjudicados los pequeños bodegueros y “colleiteiros”, los que más vino autóctono producen –la variedad que más se grava– pero menos votos tienen en el pleno. La jueza de Ribadavia, Gloria Corral, les da la razón, y condena al consejo regulador a pagar daños y perjuicios, en una sentencia que no es definitiva y todavía admite recurso de apelación a la Audiencia Provincial.

El presidente del Consejo Regulador de la DO Ribeiro, Juan Casares, mostraba ayer su malestar con la difusión de esta sentencia coincidiendo con su visita a Madrid para un acto de promoción, y aseguraba que desde hoy estudiará con la asesoría jurídica si recurre. Defiende que esta medida fue una de las que se adoptaron tras llegar a la presidencia, en 2018, para solventar una crisis económica “escalofriante” del organismo, con una deuda entonces de 900.000 euros, casi como el presupuesto global.

“Todas las bodegas de O Ribeiro lo están pasando mal y el consejo está haciendo un esfuerzo de promoción para generar oportunidades para que se pueda vender. Es en última instancia el leitmotiv de una bodega. La noticia tendría que ser la promoción del vino y territorio de O Ribeiro, en la première de ‘Cuñados’ en Madrid, tras la del domingo en Ourense. Airear una sentencia que no es firme justo en el día en el que hay el mayor acto de promoción a nivel español no me parece el mejor momento. El consejo se reserva la posibilidad de recurrir porque no estamos de acuerdo”, manifestaba Juan Casares ayer a este periódico.

La resolución del juzgado de Ribadavia es del 26 de marzo. “Es el principio del fin del feudalismo y caciquismo en O Ribeiro”, afirman desde la asociación. “Esta no es una cuestión de un colectivo, sino de cuatro personas que actúan con un no por sistema. Un no al plan estratégico, un no al aumento del precio de las precintas. No es cierto que se vaya a por las bodegas pequeñas, sino que un mayor precio de la precinta da garantía a vinos con un mayor valor añadido y afecta a todas las bodegas, porque todas producen vinos de alto standing”, replica el presidente del Consejo Regulador de la DO Ribeiro. “La realidad que heredé es que no había dinero para pagar las nóminas. Ahora el 60% de la deuda está saldada, el pago a los trabajadores es puntual y todo sin dejar de funcionar y con un esfuerzo de promoción, consiguiendo colateralmente con todas las acciones que aumentara el precio que percibe el viticultor por la uva”, reivindica Juan Casares.

El acuerdo sobre los precios fue adoptado en el pleno del consejo regulador, el 23 de marzo de 2018, en virtud del cual el consejo cobraba distintos precios por las precintas de garantía, “un importe mayor para los vinos elaborados con variedades autóctonas, y menor para los de variedades foráneas”, subraya la asociación. El juzgado considera que se ha producido un abuso de derecho, al prevalecer la posición de fuerza en el pleno del Consejo Regulador de los vocales representantes de las cooperativas y grandes bodegueros.

Un “abuso de derecho”

La sentencia de la jueza de Ribadavia remarca que el acuerdo anulado produce un resultado "antisocial", al ser ejercitado con "abuso de derecho", favoreciendo a los intereses particulares de un grupo de vocales del pleno, viticultores que tienen una fuerte representatividad en el mismo (disponiendo solamente las cooperativistas de tres de diez votos), en detrimento de una minoría del colectivo de productores de vino (los colleiteiros y los representantes de bodegas de menos de 400 mil litros), que son quienes "de largo" más embotellan vino como preferente o autóctono. El agravio se da por gravar con mayor precio las tirillas destinadas al mismo, frente al embotellado como autorizado o foráneo.

Los sectores de cooperativas y bodegas de más de 400.000 litros suman entre ambos el 50% de los vocales con derecho a voto en el pleno del consejo regulador –cinco en total–, representando al 6% de las bodegas inscritas en la DO Ribeiro. Los llamados colleiteiros y bodegas de menos de 400.000, que son los que embotellan sobre todo vinos preferentes, elaborados en exclusiva con variedades autóctonas, solo disponen de dos representantes de los diez del pleno.

Los vinos catalogados como preferentes o principales –los denominados Ribeiro Castes– son “de mayor calidad y más característicos de la denominación de origen”, destacan los demandantes, y es misión del consejo regulador fomentar el cultivo de estas variedades.

El hecho de gravar con un mayor precio las precintas de garantía que embotellen vino comercializado como tal “produce precisamente un resultado dañoso” para los productores de tal vino, cuyo cultivo –y por ende también su elaboración– se debe fomentar por la demandada.

La asociación explica que mientras en términos totales, pequeños bodegueros y “colleiteiros” adquirieron en el año 2019 más de 2.300.000 tirillas destinadas a vino preferente, contando solamente con dos votos en el pleno, cooperativistas y grandes bodegueros retiraron poco más de un millón de tirillas para embotellar como preferente. A pesar de ser estos dos últimos los grandes productores vinícolas de la DO Ribeiro, no son a su vez, en términos absolutos, quienes más embotellan vino como autóctono.

La jueza resuelve que la decisión de "dar un trato económico desigual" para un mismo servicio de certificación grava que la misma vaya a ser destinada a estar en un vino embotellado como preferente o autóctono, frente al foráneo, a pesar de que el consejo regulador deba fomentar el cultivo de las variedades autóctonas o preferentes.

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