A posibles irregularidades en la forma de llevar a cabo la operación ‘Zamburiña’ por parte –sobre todo– del grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos, la Fiscalía y el magistrado instructor Leonardo Álvarez se aferran las defensas de los 13 acusados. El debate técnico de las cuestiones previas ha ocupado las dos primeras sesiones del macrojuicio, con los abogados argumentando los puntos del procedimiento que ven nulos. Este miércoles la fiscal, Pilar Manso, que solicita penas de prisión que en conjunto suman más de 100 años, dará la réplica.
Tanto los representantes de los cuatro policías antidroga –acusados de favorecer a sus confidentes a cambio de chivatazos– como de los nueve presuntos traficantes atacan la legalidad del auto inicial, de 5 de marzo de 2015, que autorizó las escuchas telefónicas y fue, por tanto, clave en el transcurso de la causa y en el hallazgo de otras evidencias, como la droga de los encausados por trapicheo. Consideran que el resultado de esa investigación debe excluirse porque la decisión se basó –es la opinión de los letrados– únicamente en el anónimo “ilícito”, de noviembre de 2014, que comunicaba a Asuntos Internos la existencia de una supuesta trama de corrupción policial en la comisaría, de la que el informante era conocedor por su razón de agente, con una serie de compañeros –como el exjefe antidroga acusado, Antonio R. F.– como supuestos implicados.
Leonardo Álvarez, el juez que se hizo cargo de la ‘Zamburiña’, había tramitado meses antes la investigación sobre la desaparición de pistolas en el búnker de la comisaría (aún hoy mantiene abierta la instrucción, en una causa separada desde 2016). La defensa de la principal presunta traficante y confidente, Josefa P. G., alias Pucha, sostiene que el magistrado “se había quedado frustrado por no haber podido seguir adelante con las diligencias del robo de armas”, que sobreseyó tras una investigación interna en la que fue instructor de la información reservada el policía Bernardo D. L., imputado junto a su gemelo Roy por la sustracción de las 6 pistolas y revólveres –hechos que, según la UDEV de comisaría, tuvieron lugar en agosto de 2014– así como por la muerte en comisaría de un compañero, Celso B. A, con un disparo de una de las pistolas sustraídas. Un suceso de abril de 2016 que investiga otra magistrada, Eva Armesto.
El "auto absolutamente inmotivado y amparado en nada"
“Aquel fracaso de la investigación”, dice el letrado Jorge Temes sobre el primer archivo del robo de armas, “movió al juez” a dictar el auto inicial de intervenciones telefónicas de la ‘Zamburiña’, “un auto absolutamente inmotivado y amparado en nada, porque el anónimo es un subterfugio”, dijo Temes. “¿Qué mueve al juez a dictar ese auto? Se deriva exclusivamente de una noticia criminal del robo de armas en la comisaría de Ourense”. Esta defensa afirma que “cuando dictó el auto de autorización de las escuchas, el juez de Instrucción 1 no tenía ningún tipo de información que sirviera de base o tuviera potencia indiciaria suficiente como para conculcar los derechos constitucionales, y permitir la inmisión en el secreto de las comunicaciones”.
La fiscal solicita para la Pucha, histórica del narcotráfico en la ciudad, y ya condenada en 2006 por la misma Audiencia Provincial, una pena de 13 años de prisión por presuntos delitos contra la salud pública, organización criminal y tenencia ilícita, ya que se le encontró una pistola eléctrica. En diferentes inmuebles del barrio ourensano de Covadonga y de Punxín, los investigadores encontraron varios kilos de droga. La Fiscalía asegura que Josefa P. G. llegaba incluso a traficar con sustancia “adulterada”.
Pero su defensa considera que ese supuesto vicio inicial de la causa justificaría que el tribunal acuerde “directamente la expulsión del procedimiento de las escuchas, así como de las actas de intervención y también de la declaración ante el juez. Parece evidente que todo trae causa de una inmisión ilegítima en el secreto de las comunicaciones. No se trata de ningún hallazgo casual, sino que Asuntos Internos busca droga por derivación de las conversaciones. Es imposible valoración como prueba la confesión ante el juez, en la que este hace uso de las conversaciones telefónicas que ha intervenido ilícitamente. Le hace escuchar esas declaraciones y ante esa abrumadora prueba ilícita hay cierta autoinculpación”.
“Esto va de derechos fundamentales"
El abogado apeló así a la Audiencia Provincial este martes: “Esto va de derechos fundamentales, de saber si las irregularidades que sin duda se cometieron en esta instrucción tienen una entidad suficiente como para extraer del procedimiento como prueba lícita una investigación que realizó la Unidad de Asuntos Internos, y ver si tiene que ser excluida del proceso como prueba de cargo. Es el momento de valorar si esta Audiencia va a priorizar el mantenimiento de una instrucción totalmente defectuosa o la defensa de los derechos fundamentales. El momento de saber si con el ánimo de que siga adelante van a conculcarse los derechos de los acusados”, manifestó Jorge Temes.
Esta parte subraya que, según su criterio, “hay una conexión evidente, natural, jurídica y causal, entre aquella inmisión ilegítima del auto de 5 marzo de 2015, y los registros y ocupación de droga, así como de la declaración, en lo que tiene de autoinculpatoria ante el juez”. Temes considera que “al ser rotundamente falsa la noticia criminal que mueve al juez a dictar ese auto, es como si ese auto no existiese”. Según detalló, “la nulidad que pretendo es tanto como decir que la intervención telefónica no tiene un auto habilitante, no es que sea defectuoso. Al ser rotundamente falsa la noticia criminal que incorpora el auto, necesariamente ha de concluirse que existe una nulidad que lleva a su inexistencia. Es decir, las intervenciones se produjeron sin ninguna resolución judicial”.
“Un grupo de policías trató de perjudicar a otros compañeros, de ahí nace todo”
“No se puede obtener la justicia penal a cualquier precio”, dijo el abogado de la presunta traficante Josefa P. G., alias Pucha, en su intervención en el trámite de las cuestiones previas, citando una sentencia del Supremo. Como otras defensas, en especial la de los agentes antidroga acusados, la parte llamó la atención sobre el supuesto móvil que originó la crisis interna de la Policía de Ourense, con una serie de rocambolescos episodios que se dirimen en tres causas: la propia ‘Zamburiña’ –la primera que llega a juicio–, el robo de armas en el búnker y la muerte de un disparo, con una de ellas, de un agente. “No digo que la propia Unidad de Asuntos Internos haya propiciado la conspiración; viene de antes. Hay un grupo de policías que trata de perjudicar a unos compañeros, de ahí nace todo”, subraya el letrado Jorge Temes.
Con una opinión contraria a la de Asuntos Internos, la UDEV de la comisaría concluyó que los gemelos mataron presuntamente al otro agente, Celso B. A., para encubrir la autoría del robo de armas y el anónimo. Además, atribuyen a los tres el plan para elaborar dicho escrito y crear supuestas prueba falsas para incriminar a compañeros, como el exjefe antidroga, el principal agente acusado. “El autor o autores son los mismos, o todos o alguno, que sustrajeron las armas”, expresó Temes. Jorge Álvarez es el abogado de José Antonio R. F., el policía para el que la fiscal no solicita prisión, sino multa y 2 años de inhabilitación, por presunta revelación de secretos. Es el único de los cuatro que no tuvo el móvil pinchado. “Esta parte pidió hasta en tres ocasiones que facilitasen al menos las llamadas en las que él participado. Se nos denegó hasta la saciedad. Se va a dar la paradoja de tener que declarar sin haber tenido acceso a la intervención de la que ha sido parte, lo que vulnera el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas”. Este letrado considera vulnerada la tutela judicial efectiva y solicita “encarecidamente” a la sala de la Audiencia Provincial que resuelva las cuestiones de posible nulidad antes de seguir con el juicio.
“El control de legalidad falló”
La relevancia otorgada al anónimo de noviembre de 2014, y a si Asuntos Internos eludió identificar al juez al autor o autores, son aspectos de los argumentos de posible nulidad que subrayan las defensas. “No se le entregó al juez en un primer momento, no se volcó en la causa hasta marzo de 2015”, destacó ayer Jorge Temes.
“Al juez se le engaña, no se le da toda la información para que pudiera formarse un juicio y decidir con proporcionalidad”, manifestó en una línea coincidente el abogado de los policías retirados Mercedes C. G. y Felipe M. A., que se enfrentan a una petición de 6 años y 3 meses. El letrado Moncho Sierra incidió en que el informe del fiscal, firmado por el exjefe Florentino Delgado, se realizó al día siguiente de que el magistrado dictara el auto inicial para pinchar teléfonos. “El control de legalidad falló”.
Las defensas sostienen que, más allá de los extremos del anónimo, en el oficio de partida de Asuntos Internos había pocos datos más y sin objetivar. “Esta ausencia podría haberse suplido con una solicitud de información complementaria y más detallada por parte de la Fiscalía y del juez. Se hizo un acto de fe por parte de su señoría”, dijo Sierra.
“No hay ni una sola prueba a posteriori de la intervención inicial de teléfonos que tenga autonomía, todo lo de esta causa deriva de ese auto, que carece del informe previo del fiscal”, compartió Jorge Álvarez, abogado del cuarto agente en el banquillo, José Antonio R. F., que se expone a multa e inhabilitación.
Escuchas autorizadas "solo en base a lo que un anónimo dice"
Las escuchas, cuyo modo de grabación en soportes digitales y su entrega tardía a las partes también es considerada por estas como una irregularidad, se autorizaron “solo en base a lo que un anónimo dice, sin que exista una previa investigación”. En esta tesis de la abogada del exjefe policial coincidieron varias defensas. “A través de su comprobación se podría haber valorado por un juez la procedencia de la intervención telefónica. No existe ningún dato objetivo más que la mera intuición policial de que el anónimo es cierto, no hay investigación previa que avale, ni nada que acompañe a la mera información del anónimo”, dijo Beatriz Seijo, que ayer finalizó su largo planteamiento, iniciado el lunes. Aquel escrito acusaba a su cliente de ocultar droga en casa y en las taquillas de comisaría, y de vender armas, hechos que eran falsos. “Es una nota que en sí mismo es constitutiva de delito, genera falsedad documental y omisión de perseguir delitos. La UAI tiene la obligación de investigar todo de lo que tiene conocimiento”, hiló Sierra.
Los abogados apelan a la teoría del fruto del árbol envenenado para solicitar la nulidad. “El anónimo puede servir como indicio, como un dato más, pero no con los matices que ha tenido en este asunto. Es un policía de la propia comisaría el que está denunciando a un compañero”, subrayó Ricardo Orbán, defensa de dos de los presuntos traficantes.
El autor o autores “no es un confidente habitual, es un policía. Nos llama la atención que este dato no se le haya trasladado al instructor en un momento inicial. No tuvo acceso a la nota anónima y el oficio no pone en ningún momento que se trate de un policía, que además se autoincriminaba en delitos graves. Al no trasladar esto, Asuntos Internos asume una función que no le corresponde, al no reseñar que se trata de un policía. No le corresponde a ninguna unidad ocultar este dato, sino al juez poder valorar, pero se le privó”.
“Los policías tienen los mismos derechos que cualquier acusado”
El abogado Moncho Sierra defiende a los policías Mercedes C. G. y Felipe M. A., ya jubilados. La Fiscalía solicita una condena para ambos de 6 años y 3 meses de prisión. El segundo llegó a ser detenido, al igual que el exjefe Antonio R. F., cuando el caso estalló en noviembre de 2015. El abogado formuló una serie de peticiones de nulidad y puso el foco en las debidas garantías que deben amparar a sus clientes, como a cualquier investigado. “Los policías son acusados pero tienen los mismos derechos que cualquier presunto delincuente. Si somos estrictos con las defensas, la Fiscalía y la sala, se han visto vulnerados derechos fundamentales”, considera. Entre otras cuestiones, el letrado expuso las presuntas irregularidades en las grabaciones de las escuchas, con “discrepancias” entre los registros y el contenido en cientos de llamadas y mensajes SMS. “No se garantizó la integridad total, se descontextualizaron las conversaciones. El material no fue correctamente grabado, y ahora para subsanar se vuelven a volcar”. Como otras defensas, pide la exclusión de los audios como prueba.
