El caso que trabó la larga trayectoria política de Pachi Vázquez se salda con una sentencia absolutoria –no es firme, aún cabe recurso ante la Audiencia Provincial– para los cinco acusados de supuesto enchufismo en O Carballiño hace veinte años. El exlíder del PSdeG y excandidato a la Xunta, que gobernó el municipio entre 1995 y 2005 –hasta su nombramiento como conselleiro–, queda exculpado de prevaricación, al igual que su sucesor en el cargo, Carlos Montes –fue el regidor desde 2005 a 2011–, así como tres exconcejales socialistas: José Antonio Barge, Elisa Domínguez y Alfonso Prado. La causa comenzó después de una querella en 2014 del exfiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado. El ministerio público pedía entre 8 y 10 años de inhabilitación. La magistrada del Penal 2, Susana Pazos, descarta que los políticos acusados hubieran prevaricado. “Ni hemos podido concluir que en la contratación de los trabajadores se hubiera prescindido totalmente de un procedimiento de selección que intentase respetar los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, ni tampoco que los acusados hubiesen actuado con conciencia de arbitrariedad en las resoluciones que llegaron a dictar en el ejercicio de sus cargos”. “Tampoco en relación con las prórrogas o a la declaración de indefinición de los trabajadores podríamos apreciar la existencia del delito de prevaricación”.
Vázquez, que junto al resto de acusados se acogió a su derecho a no declarar en la vista oral, reaccionaba ayer con una sensación “agridulce” tras la absolución. “La justicia, aunque tarde, ha llegado. Estoy contento en lo personal y también por los 60 trabajadores que durante 7 años han vivido con mucha preocupación y tensión. Me alegro por el Concello de Carballiño, porque políticamente es lo que más quiero en mi vida y porque queda demostrado que se hicieron bien las cosas, lo que produce una satisfacción por los compañeros concejales y alcaldes que nos vimos envueltos”, introdujo antes de manifestar: “Tuve que dimitir como parlamentario, abandonar de una manera completamente injusta. Fui de los pocos que dimití cuando me vi en un caso así, por no hacer daño al PSOE. Solo quiero que nadie vuelva a pasar por una situación tan injusta como esta”.
“Daño” político y “dolor”
El veterano político ourensano aboga por que “la presunción de inocencia prevalezca siempre, porque el resto son linchamientos. Yo viví un linchamiento político durante años, y fue doloroso”, reconoce.
En mayo de 2015, Pachi Vázquez dejó su escaño como diputado y perdió así el aforamiento, que de haber mantenido lo habría llevado a juicio, solo para él, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. “Es evidente que este caso truncó mi carrera política. Tuve que dejar el Parlamento gallego, interrumpiendo el compromiso con la mucha gente que me había votado. Conmigo de candidato obtuvimos 18 diputados, teniendo enfrente a Beiras o Yolanda Díaz. La sensación de tener que irme para casa, dejando huérfanos a aquellos cientos de miles de personas que confiaron en mí me produjo dolor, pero qué podía hacer, siempre defendí que lo importante era no hacer daño al partido”.
En noviembre de 2014, Vázquez, que había liderado el PSOE gallego entre 2009 y 2013, se postuló como candidato a la alcaldía de Ourense, frente a quien fue finalmente elegido por la militancia, José Ángel Vázquez Barquero. “Aun estando convencido de mi inocencia, en las primarias, a cada mínimo movimiento, sufría un linchamiento mediático permanente. Eso forma parte de mi historia personal. Así que sí, este caso me ha hecho todo el daño político. Con tal de que no se repita para nadie, me doy por satisfecho. Soy una persona positiva y miro hacia adelante”.
Espazo Común es el partido que lidera, una escisión del PSdeG. Es concejal en O Carballiño, allí donde fraguó su carrera política y donde se llevaron a cabo las contrataciones que la magistrada no considera constitutivas de un delito de prevaricación. ¿Volverá Pachi al PSOE? “Somos socialistas, el 95% en Espazo Común somos socialistas y lo seguiremos siendo. ¿Cómo? Dependerá del futuro. Estoy casi en una tercera línea política, el futuro será el que vaya decidiendo”.
El análisis de la magistrada
La jueza dice que “no ha podido probarse que los acusados, en el ejercicio de sus cargos y en relación con la contratación del personal laboral temporal, hubieran dictado resoluciones arbitrarias y con conocimiento de su ilegalidad”. Tras analizar la prueba afirma que “hay motivos más que fundados para considerar que, en lo sustancial, se intentaban respetar los principios que deben ser observados en la contratación del personal laboral temporal”: igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La magistrada descarta que las altas se materializaran según una afinidad política o personal. Testigos manifestaron que “nunca recibieron indicación alguna del alcalde o concejal de Personal para contratar a determinadas personas”.
Según la sentencia, “no hay la más mínima advertencia escrita” de la secretaría “acerca de la ausencia de los procedimientos de selección que deberían observarse. Decir que se hicieron advertencias verbales es tanto como no decir nada; no cabe en el ámbito del proceso penal. Por escrito es la única forma de saber de forma incontrovertida cuál es la irregularidad que se advirtió”. Además, pese a la manifestación en la fase de instrucción de una secretaria sobre la ausencia de procedimiento, una declaración que fue “mucho más vaga e imprecisa” en el juicio, “es evidente que, según consta en las actuaciones, posteriormente sí apareció documentación que acredita la existencia de esos procedimientos de selección en relación con un importante número de los trabajadores relacionados en el escrito de acusación”.
Reprocha la jueza que esa testigo “pueda aseverar que, hasta el año 2007, no había procedimientos de contratación y, sin embargo, no hubiera sentido la necesidad u obligación profesional de dejar constancia por escrito de esas advertencias ni menos aún de asegurarse de que quedaba prueba de que las dirigía a quien tenía que dirigirlas”. Tras analizar las testificales, concluye que el “caos”, así como “la desorganización y la dispersión existente en los expedientes archivados explicaría la razón de por qué no se encontraron esos procedimientos”.
Tiene en cuenta los tres informes de intervención aportados, pero “el primero no se sabe a quién se refiere, el segundo desconocemos si a los que integran el escrito de acusación y el tercero es de periodo posterior, al margen ya de que ninguno de los acusados era responsable de esas contrataciones”. Subraya la jueza del Penal 2 de Ourense que “la verdadera irregularidad” está en prorrogar contratos temporales y en el tipo de vinculación que se elegía, pero “es incuestionable que esta era una práctica bastante frecuente y generalizada en el ámbito de las administraciones locales, a la que, aún a día de hoy, se le está tratando de buscar una solución”. Y añalde que “difícilmente podría achacarse la comisión de un delito de prevaricación a quienes no tienen la condición de expertos jurídicos. Menos aún si por parte de quienes han de detectar esas anomalías e imprecisiones no se hacen advertencias escritas indicando las pautas”.
El PSdeG: “Se elimina cualquier sombra de duda sobre la gestión en O Carballiño”
El secretario provincial del PSdeG en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, celebraba ayer la absolución de los cinco acusados en el caso contra Pachi Vázquez. “El partido se congratula de la resolución judicial, que elimina cualquier sombra de duda sobre la legalidad de la gestión de los alcaldes y ediles socialistas en O Carballiño”. El líder ourensano del PSdeG asegura que la judicialización de la política “no compensará en modo alguno los prejuicios causados a quienes fueron durante años objeto de duras acusaciones que quedan desmentidas ahora. Aunque tardío, hoy es un buen día para limpiar la imagen del Concello de O Carballiño y de sus gobernantes del partido socialista, a quienes transmitimos nuestra felicitación”, expresa Villarino. Pachi Vázquez no es militante pero varios de los acusados sí.
