El recrudecimiento de la crisis económica y humanitaria de Venezuela ha derivado en España en un incremento del número de casos de trata de mujeres explotadas sexualmente que proceden de ese país. En lo que va de mes, la Policía Nacional ha desarticulado dos redes con implicados de Venezuela: 3 detenidos por retener presuntamente con fines de prostitución a una mujer que llegó desde Colombia creyendo que iba a casarse tras contactar por Facebook; y 7 detenidos de una organización que captaba a mujeres vulnerables del país con el mismo fin, seis de ellos en prisión provisional. Pilar Manso, la fiscal delegada en Ourense contra la trata, responsable de la sección de Extranjería, hace un llamamiento a la concienciación social: "Es preciso una educación de la población, como ha pasado contra la violencia de género. Hay que llevar a cabo una concienciación de la sociedad. No se pueden ir a celebrar las despedidas de solteros a puticlubs, las personas no son un objeto ni una mercancía. No existe libertad para ejercer la prostitución porque la persona se encuentra en una situación precaria".

La operación que ha desarticulado a la red que captaba mujeres en Venezuela para prostituirlas se denomina Ribereta y ha sido llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras de Ourense. La Policía empezó a investigar en julio y a través de vigilancias y declaraciones -una de las víctimas acudió a la comisaría- descubrió que mujeres venezolanas eran explotadas sexualmente en dos pisos de Ourense, en Antonio Puga, 4, y en el número 30 de Emilia Pardo Bazán. El juzgado da por desarticulada esta red, investigada por pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y tráfico de personas relativo a la prostitución. La comisaría asegura que "sigue abierta buscando a potenciales víctimas en el resto del territorio nacional". Llegaban con una deuda inicial de entre 1.100 y 1.800 euros. Pero en los casos de trata esa cifra se incrementa con multas por telefonear a horas que no quieren los controladores, incluso por la vestimenta.

Los negocios de alterne se han desplazado a los pisos en los últimos años porque la investigación resulta más difícil. "Es más trabajoso que una redada en un club, se necesitan vigilancias e investigación para poder sustentar una orden de registro", confirma la Policía, salvo que se esté produciendo un delito flagrante del que haya constancia. "Los clientes que acuden no cuentan si hay una menor o una mujer retenida. En un club puede ir la Policía como establecimiento abierto al público, salvo acceder a las habitaciones porque afectan a la intimidad de la persona. Pero en un piso nos las vemos y deseamos. El traslado de los negocios a los pisos aumenta el riesgo de que haya menores. También se está produciendo a nivel nacional una mayor demanda de embarazadas de 8 meses", alerta la fiscal delegada en Ourense, Pilar Manso, que también critica "la falsa moral" de la prensa por mantener en algunas cabeceras anuncios de contactos sexuales. En la red investigada los implicados ofertaban a través de internet.

El ir y venir de los clientes en un edificio a horas intempestivas o las equivocaciones al timbrar provocan quejas vecinales que destapan algunos casos. En la Ribereta la organización usaba una persona "de paja" que cedía el uso de los domicilios, supuestamente a cambio de una cantidad. Este es el único de los siete detenidos que no ingresó en prisión provisional. Dos de las víctimas tienen el estatus de testigos protegidas.