No prevaricaron, eran inocentes. El exalcalde Francisco Rodríguez, del PSdeG, así como la exedil socialista Áurea Soto y los exconcejales nacionalistas Fernando Varela y Xosé Carballido, salen absueltos del caso de las asistencias técnicas. La Audiencia Provincial acepta el recurso de los políticos de aquel gobierno bipartito de la ciudad.
En febrero del año pasado, la magistrada del Penal 2 los había condenado en una sentencia no firme a 7 años de inhabilitación, por las prórrogas de contratación a 5 profesionales externos que terminaron en plantilla. Los afectados formularon recurso de apelación y ahora la Audiencia Provincial de Ourense les da la razón. La resolución es firme y no cabe recurso alguno.
El tribunal considera que "si bien es cierto que la actuación de los acusados contravino la normativa y pudieron incurrir en una irregularidad, e incluso ilegalidad administrativa, por contravenir los límites contemplados para los contratos menores, no merece reproche penal".
"No es suficiente que una resolución administrativa sea contraria a derecho para que su emisión constituya un delito de prevaricación. El control de legalidad de los actos de la Administración corresponde básicamente a la jurisdicción Contencioso-administrativa y no tendría sentido, desde la conceptuación del derecho penal como última ratio, una sistemática criminalización de los actos administrativos que no fuesen adecuados a derecho o implicasen desviación de poder", argumenta la Audiencia.
Los magistrados recuerdan en el fallo que la jurisprudencia de la sala ha dicho reiteradamente que tan solo cabe considerar injusta una resolución administrativa, a efectos de declararla penalmente típica, cuando la ilegalidad sea "evidente, patente, flagrante y clamorosa". En este caso, según los magistrados, "no ha resultado patente que la conducta de los acusados haya sido producto de la arbitrariedad".
La Audiencia también destaca que "la mera pasividad" de alguno de los condenados no puede ser constitutiva de delito, al tiempo que subraya que su actuación "resultaría justificada por la situación del Ayuntamiento, pues existía un interés público en mantener los contratos y evitar el riesgo de perder las subvenciones".
Es otra causa más contra políticos del gobierno progresista de la ciudad que termina en absolución o archivo, tras el cierre de la causa de ayuda a domicilio y una de las piezas de la Pokemon en la que se vio inmerso el exalcalde, así como alguna de las múltiples denuncias que sufrió la exedil Áurea Soto.
