El nuevo juzgado previsto para principios de año aún no tiene fecha por la demora del Gobierno

A mediados de año todavía no hay fecha para la puesta en marcha del nuevo juzgado civil de Ourense, el séptimo de Primera Instancia, que liberará a los de Familia y Mercantil -números 6 y 4 de la misma jurisdicción- para que operen como exclusivos. Es una de las 3 nuevas unidades judiciales previstas para Galicia -así como dos plazas adicionales de magistrado-, cuya implantación sigue dependiendo del Gobierno central. Pasan los meses sin que el Ejecutivo concrete el Real Decreto que creará los tribunales propuestos por cada territorio. En noviembre, la Comisión Mixta que integran la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aprobó sus recomendaciones. Entonces se barajó febrero como fecha de entrada en funcionamiento. A estas alturas, en la judicatura desean que el séptimo civil pueda operar antes del verano, aunque algunos de los representantes no descartan que no esté listo hasta septiembre, es decir, al comienzo del próximo año judicial.

"El ministerio lleva semanas anunciando que será inminente el decreto de creación de plazas, según nos ha manifestado a las asociaciones judiciales, pero no acaba de publicar el Real Decreto. Una vez lo haga, exigiremos la entrada en funcionamiento", explica el presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Antonio Piña, quien además forma parte del Comité Ejecutivo de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

La última alusión de la Xunta sobre posibles fechas, sin concretarlas, fue el 1 de febrero. El presidente Alberto Núñez Feijóo se reunió con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurando que "en este primer trimestre" habría "un calendario de implementación" de las nuevas sedes, sin especificar cuándo empezarían a operar. Avanzado ya el segundo semestre sigue sin haber fechas.

Ahora, la administración autonómica, encargada de dotar los medios para la justicia, también emplaza al Gobierno central. "Actualmente a Xunta segue esperando que o Ministerio de Xustiza aprobe o Decreto para poder poñer en marcha as cinco unidades xudiciais comprometidas para este ano. Galicia sempre solicitou novas unidades xudiciais, e seguirá solicitándoas, facendo un importante esforzo orzamentario para a súa posta en marcha, e sempre coa premisa de que unha xustiza mellor dotada sempre é más eficaz, o que redunda nun mellor servizo aos cidadáns galegos", responde a este diario la consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Una vez publicado el Real Decreto que amplía la planta judicial, se abrirán los concursos para adjudicar las plazas de magistrado titular y de los funcionarios, así como la instalación física -ocupará uno de los espacios vacíos en la quinta planta del nuevo edificio de O Couto- y la asignación de los medios materiales. Una vez creado este y los otros tres nuevos tribunales de Galicia, y previo acuerdo o informe de las administraciones competentes en materia de medios materiales, por orden del Ministerio de Justicia se acuerda el día y mes de la entrada en funcionamiento.

El séptimo de primera instancia, el primero que se crearía en la provincia de Ourense desde la puesta en marcha del Social Número 4 en el año 2010, tendrá efectos de descongestión para otros dos, por lo que su demora también perjudica a esas dos sedes. Con el nuevo tribunal civil será posible que los de Primera Instancia 4 y Primera Instancia 6 de Ourense puedan operar, de facto, como órganos exclusivos de Mercantil y Familia, respectivamente. Los otros cinco que estarían disponibles asumirían todos los pleitos propios de la jurisdicción, desde reclamaciones de cantidad a pleitos contra productos bancarios o desahucios.

Una junta de jueces de lo civil celebrada en 2015 aprobó liberar del reparto a los de Mercantil y Familia una vez esté operando el séptimo. En uno, las cuestiones de familia (divorcios, custodias de hijos, pensiones de alimentos) son urgentes. Otro tiene en sus manos la viabilidad de empresas (desde el proceso concursal de una minera a la liquidación de una cafetería).

Un retraso en el Mercantil, que en 2011 aún arrastraba casos de 2004, implica una demora en ERE (29 registrados entre 2012 y 2016) y concursos (entre 2008 y el año pasado se presentaron un total de 333 procesos de acreedores). La carga de trabajo actual era del 218%. Familia resolvió 1.793 asuntos en todo 2016 (579 sentencias, por ejemplo) pero, no obstante, el número de asuntos pendientes había aumentado de 1.125 a 1.363 tras haber ingresado 2.036 a lo largo del año. Después de los juzgados de violencia de género y los dos penales, los órganos de Familia y Mercantil de Ourense sufren las mayores tasas de congestión, según los datos al cierre de 2016 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Crear un juzgado: 250.000 euros

El nuevo juzgado civil es uno de los tres que se dotan para toda Galicia, así como otras dos plazas de magistrado. En la última memoria, la de 2015, el TSXG ya apuntó como "imprescindible" la existencia de un séptimo primera instancia en Ourense. La reunión de la Comisión Mixta de Xunta y TSXG, celebrada en noviembre, le dio luz verde teniendo en cuenta criterios "objetivos", en base a la carga de trabajo.

Según destacó en ese momento la Xunta de Galicia, la puesta en marcha de las nuevas dependencias judiciales requiere, por cada una, una inversión de 250.000 euros para las arcas autonómicas. La administración gallega es la que se encarga de dotar los medios y personal, salvo secretarios y jueces. En la nueva sede trabajarán un magistrado, un letrado de la administración de justicia y siete funcionarios (de estos últimos, dos serán gestores, cuatro tramitadores y uno de auxilio).