Mientras que las diputaciones de Lugo, A Coruña y Pontevedra, las tres gobernadas por el PSOE, están valorando la posibilidad del rescate de la gestión directa, la de Ourense ha consumado una privatización fuertemente contestada por el sector.
El pasado mes de abril, más de 500 bomberos de toda Galicia recorrieron la ciudad de Ourense en protesta, vestidos con el uniforme de trabajo, para mostrar su rechazo a la externalización de los parques comarcales y reclamar el rescate de la gestión directa por parte de la administración pública. La manifestación fue convocada por la Mesa Intersindical de Bombeiros de Galicia y contó con el apoyo de la Coordinadora Unitaria de Bombeiros Profesionais y con la Plataforma de Bombeiros Públicos Galegos.
Este último colectivo, presentó un recurso contra el pliego de adjudicación pero el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales rechazó su admisión, sin entrar al fondo del asunto, puesto que había sido presentado fuera de plazo. Con independencia de que formalizado el contrato, la aspirante desbancada pueda recurrir ante el mismo órgano, la CIG ha adoptado su propia iniciativa. Anunció demanda de impugnación de este proceso de externalización ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense. Una vez que el consorcio les facilite la documentación necesaria formalizarán el recurso.
