El grupo del BNG en la Diputación provincial registró ayer una moción para su debate en el próximo pleno ordinario en la que denuncia "numerosas y graves irregularidades" relacionadas con el servicio de actualización, conservación y mantenimiento de la información catastral que ofrece la institución provincial desde 2012 y al que se han adherido 30 ayuntamientos. El Bloque pide que se cree una comisión de investigación con efecto inmediato para que sus conclusiones puedan llevarse al pleno de abril. Y en el caso de que su propuesta no prospere y la Diputación "haga caso omiso", el BNG anuncia que pondrá en conocimiento de la Fiscalía la documentación que obra en su poder para que sea el órgano judicial "el que proceda al esclarecimiento de los hechos".

Entre esas "anomalías", los nacionalistas destacan que los trabajos que se están realizando son "competencia exclusiva del Estado, y no de las entidades locales" y además advierten de que ninguno de los ayuntamientos delegó esas competencias por acuerdo plenario, tal y como exige el convenio. De hecho, la documentación solicitada a la administración por el BNG a lo largo de los últimos meses sobre este servicio, constata que la mayoría de las adscripciones se realizaron por autorización de Alcaldía, en algunos casos sin firma del secretario, e incluso con fechas de 2015, cuando la relación de ayuntamientos se incluyó en el pliego de condiciones para la adjudicación del contrato en 2012.

El portavoz del grupo de gobierno, Plácido Álvarez, aseguró ayer que la Diputación es totalmente ajena a cualquier tipo de trama y que ya se ha encargado un informe a los técnicos para determinar si la actualización catastral que se está realizando excede sus competencias: "Si se confirma que es así tomaremos las medidas necesarias para corregirlo, pero no existe ninguna malicia ni mala fe, nuestro ánimo con este convenio es el de cooperar con los ayuntamientos".

La adjudicación a la que se refiere el BNG se firmó el 10 de febrero de 2012 tras un concurso al que se presentaron 10 empresas. El objeto era contratar el servicio de actualización, conservación y mantenimiento de la información catastral urbana "por una cantidad equivalente al 19% del incremento en la recaudación líquida del IBI que sea consecuencia directa de los trabajos de regularización tributaria de unidades urbanas realizadas por el licitador" . El BNG remarca que la adjudicataria fue Servicat SL, cuyo administrador solidario es el exgerente de Xestur, Juan Carlos Cabanelas, y que además es la misma empresa que subcontrató la Dirección General del Catastro a través de Segipsa para realizar la revisión estatal en Xinzo, concello adherido también al convenio con la Diputación. En este sentido, el BNG tacha de "escandaloso" que "la misma empresa está cobrando dos veces por hacer el mismo trabajo". Además, los nacionalistas critican el "uso clientelar" de esta prestación ya que, aseguran, "hemos podido comprobar que se legalizan propiedades ilegales, sin licencia, e incluso se tramitan parcelas en suelo rústico cuando el contrato se refiere exclusivamente al suelo de naturaleza urbana", explica el diputado Rodríguez Puga.

Las irregularidades a las que alude el BNG fueron detectadas en un primer momento en Boborás, a partir de la queja de un particular, si bien Rodríguez Puga señala que "el modus operandi se repite en otros ayuntamientos". Según la documentación que manejan, la Diputación habría justificado en respuesta a la pregunta de los nacionalistas sobre los trabajos realizados por Servicat en Boborás que estos se ajustan al convenio de competencias delegadas y que cumple con las obligaciones contenidas en el artículo 77.1 de la LRHL que, según matiza el Bloque, "no está vigente, sino que fue derogado por decreto en 2004, y el nuevo establece que las competencias de los concellos respecto al IBI se limitan a la liquidación y recaudación del impuesto". Además, aportan ejemplos con planos de otras "irregularidades" que exigen sean explicadas por la Diputación.