Desde el mismo inicio del presente mandato, las relaciones entre el grupo popular y el gobierno municipal, por aquel entonces bipartito ormado por PSOE y BNG, no fueron buenas, y especialmente conflictivas lo fueron las que mantuvieron desde un principio la edil de Urbanismo, Áurea Soto, y el portavoz del PP, Rosendo Fernández, tanto en los plenos como en las juntas de área.

Desde la marcha de los nacionalistas del gobierno, a raíz de la operación Pokemon de corrupción, y al quedar los socialistas gobernando el Concello en minoría, las diferencias y la conflictividad entre los dos grupos fue a más, y las denuncias políticas de "falta de transparencia" y la negativa sistemática de información, se convirtió en una constate por parte de los populares, que le llevó a solicitar en varias comisiones de investigación relacionadas con importantes servicios municipales, todos ellos privatizados.

Pero en el escrito dirigido al Valedor do Pobo, el grupo del PP recalca determinadas actuaciones de Soto, y que pata Rosendo Fernández suponen un "desprecio total" hacia los representantes de los ciudadanos, con una "vulneración de derechos fundamentales", como asegura "recoge el artículo 23.1 y 2 de la Constitución Española, sobre el libre ejercicio de los cargos públicos (siempre dentro del marco legal), sin obstáculos que dificulten o imposibiliten la acción política, en este caso, que tienen encomendada por sus electores a través de la urnas".

Sostiene Fernández que todo esto para "la señora Soto no tiene importancia y hace lo que quiere".