El PSOE pide al juez que Baltar vuelva a declarar por malversación y falsedad

El PSOE pretende abrir más caminos que el delito de prevaricación por el que discurre el proceso penal contra José Luis Baltar, que presuntamente prevaricó para dar de alta a más de un centenar de personas, una buena parte vinculadas al PP ourensano, entre enero y marzo de 2010. El exbarón compareció como imputado el pasado 6 de febrero tras una tumultuosa llegada con gritos y empujones entre una plétora de alcaldes y cargos fieles, y detractores que le llamaron "cacique". Los socialistas registraron ayer un escrito en el que solicitan al juez que lo vuelva a citar para interrogarlo por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad en documento.

El jefe de Personal de la Diputación de Ourense, José Luis Suárez, concejal del Partido Popular en el ayuntamiento que gobierna su padre y reconocido alcalde baltarista, funcionario plenipotenciario en asuntos de personal de la administración provincial ourensana, refutó la pasada semana ante el juez la versión del expresidente que, además de al secretario y el exinterventor, lo señalaba a él por no haberlo advertido, inculpándolo como uno de sus funcionarios corresponsables en la oleada presuntamente delictiva de 104 contratos a dedo, sin publicidad ni fiscalización.

Suárez negó que existieran solicitudes por escrito de personal por parte de concellos y mancomunidades, unos informes que el exbarón justificó para decretar diecinueve puestos de trabajo "urgentes e inaplazabes" en un escrito rubricado por él del 8 de enero de 2010, solo 22 días antes del congreso provincial del PP que aupó al poder a su hijo, José Manuel, su sucesor por partida doble al frente del PP y la Diputación.

Entre esas personas que encontraron empleo con aquella resolución figuraban Pilar Caride, edil del PP en O Carballiño, compromisaria en el cónclave popular y citada a declarar como testigo -fue dada de alta como técnico en igualdad de oportunidades-; Juan Luis Cachaldora, concejal del PP en Nogueira de Ramuin que en la actualidad aspira a un puesto de trabajo por promoción interna en la Diputación; o Rubén Cid, también edil popular en el ayuntamiento de Maceda, que fue contratado como ayudante auxiliar en enero de 2010.

El juez de instrucción que asume el caso Baltar, el titular del Número Uno de Ourense Leonardo Álvarez, está a la espera de recibir todos los expedientes de los 104 contratos irregulares así como los supuestos escritos de necesidad de ayuntamientos para decidir si practica alguna nueva diligencia o directamente insta a las partes -fiscal jefe, defensa, PSOE y Manos Limpias- a proponer que se procese al histórico expresidente ourensano para que sea juzgado o bien se archive la causa penal.

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ya señaló al querellarse contra José Luis Baltar la falta de amparo documental a la orden del expresidente para ceder personal poco cualificado -albañiles, chóferes, agentes de empleo, auxiliares o peones- a ayuntamientos rurales como Larouco, Toén, Vilamarín, A Veiga, Trasmiras o Maceda. "Esta fórmula no tenía reflejo documental en el expediente de contratación y encubría el mero acto de pura discrecionalidad de la contratación".

En su declaración en calidad de imputado el pasado 6 de febrero, Baltar aseguró ante el juez que eran los alcaldes quienes contactaban con él y el expresidente les reclamaba, según su versión, que formulasen la solicitud por escrito. "Siempre le he dicho a los alcaldes que me hagan las peticiones por escrito", llegó a asegurar. Esos documentos, dijo, "deben estar en la Diputación".

Pero este extremo fue desmontado tanto por la declaración como testigo de José Luis Suárez -dijo que dichos expedientes "no están"- como por las manifestaciones recogida por FARO de algunos alcaldes . El más contundente fue Xabier Oviedo, regidor de Compromiso por Galicia (CxG) en Maceda: "Nosotros no tenemos por escrito ninguna petición, no voy a mandar al juez lo que no existe. Cuando llegué de alcalde, había tres trabajadores cedidos por la Diputación. Cada año Baltar me decía que tenía tantos trabajadores y si me seguían interesando". A su concello fue a parar un ayudante auxiliar que hoy es concejal del PP en la corporación.

"No había peticiones por escrito de la necesidad, verbales sí", expresó en la misma línea Francisco José Fernández, alcalde del PP en Leiro y presidente de la mancomunidad de O Ribeiro, a la que el expresidente destinó un puesto cedido de agente de empleo.

Por todos estos motivos, el grupo provincial del PSOE, personado como parte acusadora en la causa contra Baltar, ha dado un nuevo paso antes incluso de que el juez resuelva tras analizar la documentación solicitada. Los socialistas instan al magistrado de instrucción a que vuelva a llamar a declarar, de nuevo como imputado, a José Luis Baltar. Los socialistas aprecian indicios de presunta falsedad documental por el citado escrito de 8 de enero que acordaba plazas aludiendo a unas solicitudes de necesidad de ayuntamiento presuntamente inexistentes. Esto puede ser una falsedad en documento público, entiende el PSOE.

Por otra parte, los socialistas aluden a la declaración como testigo del jefe de servicio de Fomento de Empleo, José Juan Cerdeira, un militante del PP que también ha formado parte de la comisión entre Xunta y Diputación de Ourense para dar de alta a 133 personas al asumir la administración ourensana las competencias de servicios sociales en todos los concellos menos la capital. Cerdeira , subraya el PSOE, pidió 3 contratados a José Luis Baltar en 2010 para cubrir las necesidades de su servicio -realizó un informe como otros responsables de área- en el que pidió "tres personas, se le envía una y se contratan a nueve". Este testimonio evidencia, para el PSOE, de la existencia de indicios "de la comisión por parte del imputado expresidente de un delito de malversación de fondos públicos", señalan.

El magistrado: "No aporta nada"

Los socialistas han pugnado por que se investigue este ilícito desde su personación. En un auto reciente, el juez rechazó encauzar el proceso por esa vía. Leonardo Álvarez entendió "impertinente" y que "no aporta nada" cifrar el impacto económico que supuso a las arcas de la Diputación -afectadas por una caída de ingresos y una alta deuda bancaria- sufragar las nóminas y las cotizaciones sociales de los 104 contratados por un procedimiento presuntamente ilegal.

Fuentes de Intervención consultadas por FARO cifraron el impacto en las maltrechas cuentas provinciales entre "600 y 650.000 euros con un coste aproximado por trabajador de 1.700 o 1.800 euros". El magistrado llegó a interrogar precisamente a José María Baños, el que entonces se ocupaba del servicio de Intervención y testigo en esta causa -calificó como fuera de lo normal el proceso de 104 altas-, acerca del impacto económico del proceso investigado. El funcionario negó que hubiera "perjuicio" para la Diputación aunque sí admitió que la oleada de altas concentrada entre enero y marzo de 2010 menguó la bolsa de contrataciones temporales reservada para todo el año.