La antigua empresa de Ayuda a Domicilio recibió 3 millones después de anular el TSXG la adjudicación

La antigua empresa del servicio de Ayuda a Domicilio, la UTE Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios, cuyo gerente único, Alberto López también lo es de la actual adjudicataria, siguió con la contrata durante un año más, por lo que el Concello de Ourense le abonó algo más de 3 millones de euros, cuando una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de noviembre de 2010, anulaba el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de agosto de 2007 por el que se adjudicó el contrato de concesión del servicio público municipal por no haber sido motivada.

Una empresa que siguió facturando al Concello, con el visto bueno de la edil de Bienestar Social, Marga Martín, y sucesivos reparos formulados por la Intervención, y que en diciembre de 2011, cundo se volvió a adjudicar el servicio a otra UTE, Fomento de Servicios Sanitarios, tenía una deuda pendiente con la Seguridad Social de 329.157 euros, pero según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social se incrementó en más de lo doble, y el 11 de diciembre de 2012 ascendía a 823.556 euros.

La sentencia del alto tribunal gallego, que revocó la del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ourense, que desestimó el recurso promovido por la UTE "Valoriza Facilities S.A.U. y Castro Villalón, Antonio S.L. N.E" , contra la adjudicación, anula el acto y señala que por parte del Concello "no motiva" porque le adjudica el servicio a una empresa cuya oferta de precios es mayor que la que recurrió.

Pero por parte del Concello se procedió a realizar una especie de resolución de mutuo acuerdo con la antigua concesionaria para rescindir el contrato, cuando había una sentencia del TSXG que anula la adjudicación. Unas presuntas irregularidades que forman parte de la investigación que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, después de la denuncia presentada por el grupo de Democracia Ourensana,

A este respecto, y a la espera de que se concreten las consecuencias jurídicas que pueda haber por esta actuación -mutuo acuerdo para resolución del contrato, y anulación de la adjudicación por el TSXG- lo que tendría que haber hecho el Concello era "retrotraer los actos y volver a adjudicar, motivando, entre las empresas que se presentaron al concurso en 2007", debido a que el pliego de condiciones técnicas y económicas no fue objeto de anulación por el alto tribunal gallego, como así indicaron a FARO juristas consultados.

Pero el Concello optó por continuar con el contrato anulado -pagando más por el servicio, como señala la sentencia-, y al que, según la declaración realizada por el interventor municipal, en calidad de testigo, en el juzgado que investiga las supuestas irregularidades en el servicio de Ayuda a Domicilio, se le había incrementado el precio, lo que es un evidente fraude de ley a tenor de la sentencia. Y posteriormente proceder a modificar el pliego de condiciones técnicas y administrativas para realizar una adjudicación del servicio diferente, que sería más cara, y que se resolvió en diciembre de 2011.