La asociación ecologista de O Ribeiro Coto do Frade ha pedido formalmente a la Fiscalía de Medio Ambiente de Ourense que realice una investigación sobre la concesión de las licencias de obra para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Cerves realizada en diciembre de 1997, a pesar de que el Plan Hidrolóxico do Norte concedía a todo el cauce la figura de "especial protección medioambiental".

Esta clasificación es incompatible con la minicentral, por lo que Coto do Frade ha presentado una denuncia contra todos los que han intervenido en el proceso y que son la empresa ENEL Unión Fenosa Renovables SA, la Consellería de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Norte (ahora Miño-Sil) y el Ministerio de Medio Ambiente.

La asociación ecologista, que ya ha presentado alegaciones contra el nuevo proyecto de repotenciación de la minicentral sita entre los municipios de Melón y Ribadavia por considerar que el Cerves ya está sobreexplotado, cree que se han cometido delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, y contra la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, por eso se ha implicado a fondo para lograr la paralización de la minicentral y la sanción penal de aquellos que hayan participado en la concesión de las licencias para un proyecto "a sabiendas de que todo el cauce estaba protegido".

La denuncia de nueve páginas presentada por Coto do Frade la pasada semana en la Fiscalía de Medio Ambiente recoge los antecedentes constructivos de la planta y destaca que, a pesar de que el Plan Hidrolóxico do Norte que protege al río Cerves no se aprobó hasta julio de 1998, el documento "ya había sido informado favorablemente por el Consello de Auga en junio de 1994". Pero por si esto no fuese considerado administrativamente válido, Coto do Frade apunta que el proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico "cambió en 1999 todas las características, con el permiso de la Xunta y del Gobierno de España, que autorizaron un proyecto totalmente nuevo sin declaración de impacto ambiental". En esa fecha, insiste la asociación ecologista, "el río ya tenía reconocido legal y administrativamente su figura de especial protección a través del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio por el que se aprueban los Planes Hidrológicos".

Coto do Frade cree que de un río que tiene especial protección medioambiental "no se puede retirar agua" ya que ello provoca "graves alteraciones sobre todo el ecosistema fluvial, invertebrados acuáticos, peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves y vegetación, muchos de ellos de especies protegidas por otras legislaciones".