La tranquilidad de las 69 familias que viven en el edificio de la Plaza de las Mercedes cuya licencia de ocupación fue anulada por los tribunales se ha esfumado en pocas horas. La semana pasada se enteraban de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) les había retirado en 2005 el permiso de habitabilidad y este martes, el Concello les notificó que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense "obliga" a desalojar el edificio para no incurrir en un delito de desobediencia.
El nuevo concejal de Urbanismo de Ourense, José Luis Rodríguez Cid, explicaba ayer que el Concello recibió esta semana un auto judicial en el que "se requiere al alcalde que en el plazo improrrogable de un mes, dé total y efectivo cumplimiento al fallo del TSXG de 2005 y evite el uso vividero y comercial del edificio, a través de cuantas medidas considere oportunas".
El mismo auto advierte de que "de persistir en el incumplimiento de la sentencia, las actuaciones del Concello se remitirán al Ministerio Fiscal ante la posible comisión de un delito de desobediencia". Con el fin de evitar problemas mayores con la justicia, el popular manifestó que espera que durante este mes "los vecinos den los pasos necesarios para conseguir una nueva licencia de ocupación y, de esta forma, se evite el desalojo forzoso".
De no conseguir el permiso en el plazo estipulado, aunque Rodríguez Cid matizaba ayer que "es pronto para hablar de lo que puede pasar", también reconocía que el Concello "se verá obligado a ordenar el corte de suministro de agua, energía y gas en el inmueble, que es lo único que puede hacer para garantizar que se ejecuta la sentencia".
"Desconcierto"
Nada más conocer la noticia, los servicios jurídicos del Concello han notificado el auto del Contencioso-Administrativo a los vecinos afectados, que el viernes se reunirán con el alcalde para estudiar la situación e intentar agilizar los trámites de concesión de un nuevo permiso de habitabilidad, para lo que deberán realizar obras en las bajo-cubiertas, ahora habilitadas como viviendas y en las habitaciones que dan al patio de luces.
El presidente de la comunidad de vecinos, R.J., reconocía ayer preocupado que las familias "nos sentimos un poco indefensas". Las alrededor de 200 personas que residen en el edificio denunciado sostienen que no tenían conocimiento del TSXG que les anula la licencia de ocupación y ayer comentaban que "se empezó a buscar abogado y ya se está preparando la documentación necesaria para solicitar un nuevo permiso y así legalizar nuestra situación antes de un mes".
Responsabilidad
La comunidad de vecinos insiste en que desconocían la irregularidad de su situación y desde el Concello echan balones fuera y aseguran que "son los afectados los que tienen que solicitar la licencia una vez que es anulada". Pero el auto del Contencioso-Administrativo no deja bien parada a ninguna de las partes.
El juez califica de "sorprendente" que en todo el tiempo transcurrido "la comunidad no haya demandado al Concello una licencia de primera ocupación actualizada al nuevo proyecto", pero también recrimina a los servicios municipales por permitir "la contratación claramente irregular de los suministros de luz y agua para un edificio sin permisos" y por "incumplir su obligación de velar por el respeto de la legalidad".
El Tribunal Superior anuló la licencia del edificio de las Mercedes en el año 2005 pero el Concello ha ido posponiendo la ejecución del fallo hasta que ahora, el empresario Luis Doval Quintián, que participó en la construcción del inmueble, solicitó la "inmediata ejecución forzosa de la sentencia del TSXG", en represalia por no haber cobrado todo el dinero que desembolsó en la obra.
De forma paralela a la vía administrativa, la otra promotora que participó en el proyecto, Construcciones Hermanos del Río, denunció por vía penal un presunto delito de prevaricación administrativa que habría cometido el Concello al conceder licencia a un inmueble en el que se habilitaron nueve viviendas más de las inicialmente aprobadas.
En este caso están llamados a declarar el próximo día 22 el actual alcalde de Ourense, Enrique Nóvoa, y cuatro técnicos de la Concejalía de Urbanismo, además del ex secretario municipal y el ex regidor, Manuel Cabezas, que alegó una cita con el médico para no comparecer la semana pasada.
Los servicios jurídicos del Concello presentaron un escrito a la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Ourense solicitando que se dejase sin efecto la citación de Nóvoa y Cabezas, pero ayer Rodríguez Cid aclaraba que "no hay constancia de que la magistrada haya resuelto este tema", por lo que es de esperar que los dos tengan que acudir a los juzgado a explicar su papel en la tramitación de la licencia del edificio sobre el que ahora pesa orden de desalojo.
Respecto a la situación de desamparo en la que quedarían las 69 familias afectadas, el concejal de Urbanismo de Ourense fue ayer muy claro al asegurar que "no corresponde al Concello buscar soluciones para ese problema", descartando así la posibilidad de facilitarles el acceso a alguna vivienda o pagarles un hotel, en caso de que sean desalojados dentro de un mes.
Nóvoa explica hoy al pleno su gestión al frente de Urbanismo
La situación de este edificio será uno de los temas que hoy podrán abordarse en el pleno extraordinario y urgente convocado por el alcalde para defender su gestión al frente de Urbanismo y aclarar su papel en las constructoras Galmex y Poensa. Enrique Nóvoa comparece a iniciativa propia pero después de que los grupos de la oposición solicitaran al Concello informes jurídicos sobre su proceder al frente de la Concejalía de Urbanismo. La intención de PSOE y BNG es esclarecer si el popular infringió el deber de abstención al tramitar licencias y permisos para empresas de alguno de sus socios y la ley de incompatibilidades, al ser alcalde y empresario.
