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El último pleno secreto

El Ayuntamiento resolvió a puerta cerrada en 1970 un expediente disciplinario al arquitecto municipal, Alfonso Barreiro Bujan, con el descontrol urbanístico al fondo

El Ayuntamiento vivió sumido en una grave crisis por el “caso Barreiro”. Remigio Nieto

El 21 de abril de 1970 resultó una fecha crucial en la historia reciente del Ayuntamiento de Pontevedra. La corporación municipal celebró aquel día una sesión extraordinaria que el alcalde declaró “secreta”; una prerrogativa legal aplicada solo en ocasiones muy contadas. A la postre, fue el último pleno a puerta cerrada en su historia reciente y levantó una fuerte controversia.

El último pleno secreto

La resolución de un expediente abierto un año antes al arquitecto municipal, Alfonso Barreiro Buján, requirió dos plenos consecutivos de igual índole reservado, cuyo desarrollo causó una gran incomodidad y una notable desazón entre todos los ediles. La mala praxis y el descontrol urbanístico centraron la cuestión de fondo en unas aguas turbias y muy revueltas.

Todo empezó a principios de 1969 por una solicitud de información de José Martínez Sánchez sobre varios proyectos urbanísticos que traían bastante cola. Barreiro no atendió el requerimiento del teniente de alcalde y tras recibir un apercibimiento, despachó la petición de mala gana con displicente laconismo.

La Comisión Municipal Permanente decidió que el asunto no podía saldarse con una simple amonestación; de modo que sugirió al alcalde la incoación de un expediente disciplinario. García Borregón aceptó la propuesta y nombró como juez instructor al propio Martínez Sánchez. El lío estaba servido dentro de un Ayuntamiento que en aquel tiempo parecía una olla en ebullición.

Hombre recto y testarudo, al tiempo que concejal experimentado, José Martínez Sánchez se volcó durante los seis meses siguientes en la tramitación del expediente, que sumó 353 folios al llegar a su fin. Alfonso Barreiro Buján, persona culta y bien relacionada, no permaneció de brazos cruzados y maniobró cuanto pudo para salvaguardar su buen nombre.

En síntesis, lo que comenzó como un acto de indisciplina, derivó en un posible delito. A la vista de lo observado, el instructor propuso la destitución de Barreiro por una falta muy grave, claramente tipificada en el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

El secretario general, José María Guitián Gómez, un funcionario nada amigo de comprometer su opinión por escrito en cuestiones más o menos peliagudas, realizó en este caso un informe demoledor en favor de la actuación del teniente de alcalde y en perjuicio del arquitecto municipal.

“No existe duda que del expediente se deducen faltas muy graves”, señaló Guitián, al tiempo que advirtió sobre su posible carácter delictivo. El secretario general indicó también que, en su opinión, la dignidad de la corporación estaba en juego y entendió “correcta” la actuación del juez instructor, incluida su propuesta de expulsión de Barreiro.

Ricardo García Borregón se tomó su tiempo como alcalde antes de someter el expediente a la consideración de su corporación, hasta que finalmente convocó una sesión extraordinaria a la una de la tarde del 21 de febrero de 1970. La hora extemporánea y el ocultismo manifiesto sobre el orden del día, que el Concello no facilitó a los medios informativos, resultaron premonitorios de otra anomalía que saltó enseguida: el alcalde declaró “secreto” el pleno y, en consecuencia, se negó el acceso del público al salón noble.

La sesión duró tres horas y resultó monotemática; ningún otro tema salvo el status del arquitecto municipal ocupó a unos munícipes fuertemente condicionados por el respeto a la legalidad y el valor de la amistad; quien sabe si también el cobro de algún favor pendiente. El acta que redactó el secretario general -conservada en el Arquivo Municipal- resultó bastante escueta por su propia naturaleza reservada, pero suficientemente ilustrativa de todo lo acaecido.

La primera parte del pleno se centró en el contenido del expediente, mientras que la segunda parte giró en torno a una enmarañada propuesta de Julio Pérez Bello, que encauzó la votación final. Abogado curtido en mil batallas, el veterano concejal estimó que la propuesta de resolución no resultaba acorde con el contenido del expediente y propuso que el juez instructor formulara una nueva proposición. En la práctica, su aceptación suponía una rebaja de la sanción que así evitaba la destitución de Barreiro, y ese fue el acuerdo tomado por siete votos a favor y cinco en contra.

Dos meses más tarde se celebró el pleno definitivo en medio de una gran tensión, con la bulliciosa presencia de buena parte del funcionariado municipal que requirió la asistencia de un notario, a fin de impugnar su validez si volvía a declararse “secreto”, como así ocurrió. Para entonces, muchas voces ciudadanas consideraban tal medida no solo inconveniente sino también ilegal, y entendían que sembraba la maledicencia y el infundio.

Veinticuatro horas antes, el juez instructor presentó una adición a su dictamen en donde reafirmaba su propuesta de expulsión, sin atender el anterior acuerdo plenario. “Las causas que han motivado el expediente -explicó- no han desaparecido y los cargos no han sido desvirtuados”. Su postura al respecto no pudo resultar más categórica, según reflejó el acta de la sesión.

“El funcionario expedientado -escribió Martínez Sánchez- no ha rectificado su conducta; la prevaricación sigue en pie, la incompatibilidad manifiesta subsiste; los intereses de la ciudad están quebrantados por esta causa “…

Tras un breve cambio de impresiones, Augusto García Sánchez como alcalde accidental por ausencia de Ricardo García Borregón, sometió a la corporación la pregunta siguiente: “existen o no faltas a través del expediente instruido al arquitecto municipal”.

La votación también se declaró “secreta” porque nadie quería significarse y el recuento de las papeletas emitidas contabilizó siete noes y seis síes entre los trece concejales presentes. En consecuencia, el arquitecto municipal resultó exonerado; acuerdo definitivo que el secretario general transmitió una vez concluida la sesión extraordinaria a los funcionarios que aún esperaban fuera del salón principal.

El “caso Barreiro” trajo cola y hubo muchos dimes y diretes en los mentideros municipales. José Martínez Sánchez anunció su propósito de recurrir el acuerdo plenario, aunque luego todo quedó en nada. Tres semanas después se produjo el cese fulminante del alcalde por causas no precisadas.

La querella que interpuso Quiroga

Cuando Emilio Quiroga Losada supo que su nombre figuraba en el expediente abierto a Alfonso Barreiro, le llevaron los demonios. Allí constaban diversas alusiones a la actividad conjunta que ambos compartían en una misma oficina próxima al Concello, con la firma de diversos proyectos por medio. Al fondo estaba el descontrol urbanístico que campaba por doquier en Pontevedra. Don Emilio hacía cinco años que había abandonado el Ayuntamiento tras cumplir la edad de jubilación -70 años-, después de ejercer durante cuatro décadas como arquitecto municipal. Su fuerte carácter no estaba dispuesto a tolerar ni por un momento que, en el ocaso de su vida, nadie pusiera en la picota su rectitud, tanto en lo personal como en lo profesional. Sin pensarlo dos veces, Quiroga buscó amparo en el ámbito judicial ante la supuesta ofensa recibida. Primero formalizó una demanda de conciliación ante el Juzgado Municipal, previa a una denuncia por calumnias e injurias contra José Martínez Sánchez, instructor del expediente en cuestión. La corporación municipal lamentó públicamente la interposición de aquella querella contra el teniente de alcalde por cumplir dicha labor y asumió el pago de los gastos derivados en su defensa. Llamado a declarar por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, Martínez Sánchez denunció la existencia de una campaña de descrédito hacia su persona inspirada por Barreiro. También subrayó que el contenido del expediente tenía carácter reservado; por tal motivo, Quiroga nunca debía haber conocido su contenido, que alentó la querella judicial. Ya fuera porque el juez no siguió adelante con la demanda, o ya fuese por desistimiento de Quiroga tras el fallo del expediente que exoneró a Barreiro, sobre la denuncia contra Martínez Sánchez nunca más se supo.

El cese en la alcaldía de Borregón

El alcalde pontevedrés Ricardo García Borregón convocó el pleno definitivo para zanjar el “caso Barreiro” a las siete de la tarde de aquel 21 de abril de 1970. Hasta dos o tres días antes, nada hacía presagiar su cese fulminante; incluso recibió muy complacido la Encomienda al Mérito Agrícola por su trabajo profesional como ingeniero-jefe del Distrito Forestal. Su sorprendente inhibición ante una convocatoria tan importante disparó todas las alarmas. Aparentemente, nadie sabía que Borregón no tenía la intención de presidir aquella sesión extraordinaria “por dignidad personal”, según se dijo después. Cuando a la hora fijada por él mismo no estaba en el Ayuntamiento, un desconcierto general reinó entre los miembros de su corporación, que improvisaron un gabinete de crisis en la propia alcaldía. La tensa espera duró cincuenta minutos, hasta que Borregón envió una carta al Concello excusando su asistencia y rogando al primer teniente de alcalde, Augusto García Sánchez, que ocupara su lugar. Al día siguiente comenzó a extenderse por toda la ciudad el rumor de que el alcalde había presentado su dimisión, mientras se decía también que la corporación municipal atravesaba una “profunda crisis sicológica”. Borregón no salió al paso de la murmuración en ningún momento y mantuvo una significativa equidistancia de su despacho oficial. Tres semanas después, el Gobierno Civil facilitó un comunicado donde anunciaba el cese -no dimisión- de Ricardo García Borregón como alcalde de Pontevedra, así como su sustitución por Augusto García Sánchez, hasta entonces primer teniente de alcalde. La nota precisaba que el relevo aprobado por el Ministerio de la Gobernación respondía a una propuesta del gobernador civil, Ignacio García López, quien solo llevaba cien días en el cargo.

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