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Faro de Vigo

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Julio Picatoste

Robles vs. Lesmes

La separación de poderes constituye una de las exigencias de mayor enjundia en un Estado constitucional; es condición de tal magnitud que se tiene por consustancial a la propia democracia. No hay democracia si no está determinada la separación de poderes. Alguna vez habrá que preguntarse acerca de la existencia de una efectiva y real separación de poderes en nuestra democracia, esto es, si tal como están articulados los tres poderes –ejecutivo, legislativo y judicial– puede asegurarse la vigencia entre nosotros de aquel principio divisorio y, por ende, si nuestra democracia merece, en rigor y sin fisuras, tal nombre y consideración. Y no se trata solo de que estructuralmente esté garantizada esa separación, sino también de saber si nuestros gobernantes, nuestros políticos en general, son congruentes y respetuosos con las exigencias propias de tal separación de poderes. Pero no es esa ahora la razón de estas líneas.

Entiendo que la ordenación jurídica de la separación de poderes no es incompatible con una convivencia institucional definida por una relación de cortesía entre ellos, de modo que, sin excluir la posibilidad de crítica, no se pierdan los papeles ni afloren expresiones en desprestigio o de desabrida descalificación del otro poder o de alguno de sus integrantes. Es admisible, por ejemplo, que miembros del Gobierno o del legislativo muestren su disconformidad y hagan crítica de una sentencia de los tribunales, pero no es arreglado a la prudencia que aquella se acompañe y degrade con la descalificación personal del juez y menos aún con reprimendas o exhortaciones al cumplimiento de sus obligaciones específicas.

Todo esto viene a cuento de una reciente amonestación que la ministra de Defensa, Margarita Robles –mujer de vocación alternativa donde las haya (ahora juez, ahora política, ahora juez, ahora política)– dirige al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al que alecciona para que se deje de declaraciones apocalípticas (se refiere su anunciada dimisión condicionada) y que, como presidente que es, cumpla la ley. Entiéndase, no estoy defendiendo a Lesmes, ni ganas tengo de ello, sino simplemente llamo la atención sobre la improcedencia de ese tipo de reconvenciones entre miembros de dos poderes del Estado. Me resulta chocante esa abrupta salida de tono por lo que tiene de inmisión admonitoria de un miembro del poder ejecutivo al presidente del poder judicial. Máxime si la misma ministra, en otras ocasiones, ha demandado consideración y mesura institucional, la misma que ahora ella ha descuidado. Un compañero magistrado, conocedor de ciertas entretelas, me comenta que a la ministra le ha podido su vieja desafección por el presidente del CGPJ. Es posible, pero a su cargo le corresponde la carga de contenerse en los límites de la mesura.

Y hay más. Ignoro si obedece a falta de memoria o a inverecundia de la ministra otro comentario desafortunado, más bien torpe, que hace al hilo de las declaraciones anteriores. Dice que la actuación del CGPJ le “sobrecoge” porque “decide que una ley le gusta o no y en función de eso la cumple o no”. Es cierto que hay acciones y gestos del Consejo que nos dejan estupefactos. A mí, por ejemplo, también me sobrecogió la conducta de la hoy ministra de Defensa cuando, hace unos años, formando parte del mismo órgano, y prietas las filas con todos los demás vocales, sumisa y dócilmente, acató –acataron todos– la ilegal e intolerable injerencia de Zapatero en su absolutista osadía de elegir, por sí y ante sí, al inesperado e inútil Carlos Dívar para ocupar la presidencia del Consejo, función que era competencia legal exclusiva de los vocales, de la que abdicaron en rendido vasallaje al presidente del ejecutivo. En efecto, con disciplinada y escandalosa unanimidad, aquellos vocales de infausta memoria votaron y nombraron a Dívar, sin fractura ni remordimiento, sin erubescencia ni decoro; no hubo ningún valiente, ni uno solo, ni la Sra. Robles ahora tan sobrecogida, que defendiera ni la legalidad, ni su independencia ni la del poder judicial. Y para mayor escarnio, unos cuantos vocales, tal vez convencidos de merecimiento por el desleal servicio prestado a España, a la Justicia y a los ciudadanos, pidieron por escrito un incremento de su ya notable sueldo; y aún hubo quien, llegado el momento de rectificar tamaño despropósito, se quiso justificar alegando que había firmado sin saber de qué iba el texto; ¡valiente desfachatez!

¿Cómo puede ahora la ministra Robles “sobrecogerse” con el actual CGPJ? ¿Acaso carece de memoria personal?

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