El arrinconamiento y precarización de lo público, en especial en prestaciones como educación o sanidad, no solo es una calamidad para los sectores menos favorecidos, infringiendo los principios de igualdad del sistema, sino que pone en riesgo la estabilidad de este –incluida sin duda la de los sectores sociales más favorecidos– pues crea las condiciones para que se produzcan corrimientos de carga al aflojar las redes de protección de los más débiles. Ahora bien, el exclusivismo de lo público en esa parte prestacional del Estado puede ser al final una desdicha también para los beneficiarios del servicio, al eliminar las referencias de contraste y eficiencia de las formas privadas de gestión y favorecer el enfeudamiento burocrático, pues el interés del servicio público y el de los servidores públicos no siempre coinciden. En dar con el punto de equilibrio y complemento está la clave.