Por segunda vez la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) pide a Lesmes que dimita y que lo anuncie con ocasión de la apertura del año judicial, a fin de forzar o favorecer la renovación de un cadavérico e insepulto Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo mandato ha agotado el plazo legal hace ya más de tres años. Sencillamente, un escándalo nada ejemplar.
Produce verdadero estupor la indiferencia con la que nuestros políticos se hacen oídos sordos ante la recomendación de la Comisión Europea que ha jerarquizado las tareas: primero es el desbloqueo, para poner fin al indecoroso retraso, y luego, sin demora, la modificación del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial para que sean elegidos por los propios jueces. Más recientemente, el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha vuelto a insistir en la urgencia y necesidad de la renovación.
Esta anomalía constituye una grave patología con metástasis institucional. Lesmes es ahora mismo un presidente en situación de prórroga forzosa por obra y desgracia de un Partido Popular que boicotea la renovación de aquel órgano, valiéndose de un cambiante repertorio de excusas y condiciones, tan inesperadas como inaceptables, pese a lo cual no duda en anunciarse como partido constitucionalista; es más, y según reciente manifestación de su actual presidente, el único constitucionalista. Sin duda, no repara en el porfiado incumplimiento del artículo 122.3 de la Constitución, cuya vigencia es objeto de prolongada mofa por causa del filibusterismo de su partido.
Hace un año por estas fechas, representantes de la misma asociación judicial, en visita personal a Lesmes, le hicieron igual petición. Doy por hecho que mis compañeros saben que este segundo requerimiento es meramente enfático, retórico, y, por ende, inútil. No dimitió el año pasado y tampoco lo hará ahora.
Lo que JJpD demanda es un gesto que facilite la renovación del órgano de gobierno de los jueces, un paso que empujaría a las Cortes a afrontar la prolongada y macilenta moratoria del Consejo para dar paso a su renovación.
En ocasión similar de bloqueo ocurrido en el año 1996, aunque no tan grave como el actual, el que entonces era presidente del CGPJ, Pascual Sala, puso fin a la situación de bloqueo; para ello permitió que seis vocales presentaran su renuncia, lo que avocó a la disolución del Consejo.
"Estamos ante un órgano cuyo presidente nunca debió ser designado para tal cargo, en el que ahora se perpetúa"
La cuestión se agrava, si cabe, porque estamos ante un órgano cuyo presidente nunca debió ser designado para tal cargo, en el que ahora se perpetúa; y no me refiero a una falta de capacidad personal, sino a la carencia de condiciones de idoneidad para garantizar una imagen, una apariencia convincente de independencia del órgano que va a presidir. Y es que es precisamente al Consejo a quien corresponde marcar distancias y defender esa independencia. Para ello es preciso que quien preside el órgano aparezca pulcramente desvinculado de compromisos y lazos políticos. Y eso, justamente, es de lo que Lesmes carece. Durante largo tiempo, vino desempeñando cargos de libre designación en gobiernos del Partido Popular y a las órdenes de ministros militantes de dicha formación política, circunstancia que sitúa en primer plano las vinculaciones políticas de Lesmes con aquel partido, el mismo que ahora pone trabas constantes a la renovación; es evidente que tiene interés en la causa. A los ojos de cualquier observador desapasionado, del historial político del actual presidente no podía emanar halo alguno de independencia, sino todo lo contrario; por eso, cualquier suspicacia estaba justificada. Pero a nadie importó, ni a los que le apadrinaron desde el Ejecutivo, ni a los dieciséis vocales –de los veinte votantes– que le respaldaron. Sin duda, eran conscientes de los notorios lazos políticos de Lesmes y, por ende, de que su presidencia chirriaba en ese delicado sistema de relojería estatal en el que corresponde al CGPJ velar por la independencia del poder judicial. Sin embargo, le votaron, y quienes lo hicieron sabían que se plegaban rendidamente al pacto entre el Gobierno y PSOE sobre el designado, esto es, tuvieron a bien servir de meros ejecutores de un acuerdo fraguado extramuros del propio Consejo. ¡Mal comienzo para quienes estaban llamados a marcar hitos de independencia! Probablemente, esa noche durmieron sosegadamente arrullados por una conciencia laxa y complaciente que les rebujó con el sueño beatífico del virtuoso servicio prestado a su país, España, y a la Justicia que su pueblo merece y a la que, por encima de cualquier otra cosa, se deben. Allá ellos. Si yo estuviese en su lugar, sería incapaz de mirar a los ojos a los cuatro votantes disidentes.
Es probable que, al final, no sea necesaria la dimisión redentora de Lesmes, si es que, al final, es cierta y se consuma la operación que es ahora la comidilla en los mentideros de la Villa y Corte: su promoción al Tribunal Constitucional. Aquí nadie da puntada sin hilo.
