A poco que se confirmen los pronósticos que han expresado los expertos –los de verdad, sin comillas– acerca del final de la moratoria a las empresas cuya situación financiera se vio afectada de lleno por el COVID-19, a Galicia le espera un panorama económico aún más difícil del que se había dibujado. Por una razón sobre todas las demás: aquí la proporción de pymes es bastante más elevada que en otras comunidades. Además, las pequeñas superan en bastante a las medianas, lo que quiere decir que el tejido afectado es mucho más sensible, o débil, y menos resistente a las circunstancias que les aguardan. Y que no son otras que los procesos concursales –que arrasarán los juzgados, temen los especialistas– por imposibilidad de hacer frente a los pagos.
A eso se añaden otros casos: la devolución de los créditos ICO concebidos como arma para sobrevivir a la pandemia pero que, al darse esa situación de emergencia por terminada, han de afrontar. Al igual que el resto de empresas españolas, aunque de forma más dura por lo dicho sobre los tamaños y porque esa misma característica las hace muy vulnerables a la inflación, el descenso del consumo y en definitiva, a las consecuencias del encarecimiento de los transportes por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Aparte de que no está de más insistir en que todo eso, sumado, multiplica el daño potencial que, por desgracia, se hará efectivo en cuanto muchos empresarios galaicos empiecen a hacer las cuentas. Y no salgan.
Su resultado debería –de ser como se espera– impulsar los esfuerzos de la economía gallega, y de la Xunta, para analizar un plan global que atienda a lo que está por venir. Que debiera ser no solo a corto y medio plazo sino, sobre todo, consensuado entre las fuerzas económicas y sociales con las políticas. Eso daría margen para, de ser necesario, prolongar su duración sin las oscilaciones motivadas no solo por las circunstancias financieras sino por los resultados electorales. Por eso se habla de una duración media –ampliable–, opinión que ha de tener en cuenta a la vez otro dato difícil de discutir: la primera veintena del siglo XXI ha demostrado que las previsiones “largas” tienen un alto porcentaje de error, cuando no fallan de modo estrepitoso.
Conste que no siempre es culpa de sus autores, sino de imprevistos absolutos, como la crisis financiera de 2008/2012 o la pandemia del coronavirus en 2021/2022, muy atenuada ya en su gravedad, pero no en número de infectados, al menos en España. Otros acontecimientos terribles, como la guerra de Ucrania, no eran imprevisibles –sobre todo desde la anexión de Crimea y los combates posteriores en la frontera con Rusia, en 2014 y siguientes–, pero la ingenuidad, o la inoperancia, de la UE y de la OTAN, permitieron a Putin iniciar algo donde mueren soldados y civiles y la barbarie rusa y de sus mercenarios destruye ciudades, pero cuyos daños colaterales afectan a millones de personas en Europa y, por lo que parece, también en países africanos.
Todo ello es causa y efecto de la avalancha que se espera como consecuencia del fin del parapeto construido para evitar cientos o miles de quiebras empresariales pero que ahora, finalmente, se ve que sólo fue un parche. Es decir, otro más dentro de los muchos en el catálogo de las decisiones que, supuestamente, aprueba la señora vicepresidenta Calviño. Una más de las grandes decepciones de un Gobierno cuyo presidente no es víctima de “intrigantes que, en Madrid y fumando un puro, buscan su caída”. Simplemente la consecuencia de un error tras otro y que no se corrigen porque su responsable no los quiere ver. Así de sencillo, y de penoso.
