En los últimos tiempos asistimos a un movimiento de puesta en valor de la evidencia como elemento central de los procesos de mejora de las políticas públicas, lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Antes de decidir o no decidir se trata de evaluar, plantear el coste de oportunidad, realizar análisis contrafactuales, comparar.

¿Podría plantearse una política informada en la evidencia en relación con el sector público local de Galicia?. El punto de partida pasa por la radiografía del sector: 360 entidades principales, 313 municipios, 4 provincias, 34 mancomunidades y 9 entidades locales menores, encargadas de, tomando prestada la expresión del artículo 28 de Ley Fundamental de Bonn que inspiró nuestra normativa de bases de régimen local, regular bajo su propia responsabilidad, dentro del marco de las leyes, todos los asuntos de la comunidad local. Las entidades locales de Galicia gestionan un presupuesto de gastos agregado de 4.665 millones de euros al año, de los cuales programan para el funcionamiento operativo de los servicios un 30% y a esfuerzo inversor un 24,2% de sus créditos. Si analizamos los principales programas de gasto local en Galicia, con las limitaciones de la contabilidad de costes en el ámbito público, nos encontramos sorpresas, como por ejemplo, que el principal programa de gasto de los 200 municipios de menos de 5.000 habitantes sea la asistencia a personas dependientes (17,58 euros/habitante año) o que las siete grandes ciudades dediquen de media 28,77 euros por habitante al año a acción social.

En 2013, en la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, se hablaba del principio de “una competencia, una administración”. Casi diez años después, las cifras delatan que el problema de las competencias impropias del sector local y su financiación sigue ahí, mientras el debate parece girar en torno al tamaño óptimo, puede llegar a obviarse la importancia del círculo de intereses gestionados por personas elegidas en el propio ámbito territorial, la experiencia local en la pandemia y ejemplos como el de Dinamarca: agrupación de 239 municipios en 66 unidades, dejando 32 sin agrupar. La evidencia danesa de la evolución del coste por habitante en 9 áreas de gasto relevantes es que el tamaño de la jurisdicción en ese contexto no guardaba correspondencia clara con el coste, existen economías de escala, por ejemplo, en vías públicas y administración, pero en la mayoría de las áreas el coste no se vio afectado, o se incrementó por ejemplo en relación con el mercado de trabajo.

Comenzábamos con una pregunta, quizás sea buen punto de partida centrar el debate en las evidencias del mapa competencial real de la Administración local, propias, delegadas e impropias, y en la financiación de los servicios. Otro día hablaremos de sostenibilidad.

*Conselleiro do Consello de Contas de Galicia