El lío en el que está envuelto el Gobierno es morrocotudo. El cortafuegos desplegado por el ministro de la Presidencia, informando de una captura masiva de contenidos en los teléfonos móviles del jefe del Ejecutivo y la titular de Defensa en la comparecencia pública urgente a primera hora del lunes, no ha hecho otra cosa que avivar el incendio iniciado con la revelación por Citizen Lab de espionaje a líderes del independentismo catalán. La inflamación ha provocado la peor crisis política desde la moción de censura presentada por Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en el momento más inoportuno. La seguridad del Estado es la zona oscura, por no decir opaca, de la política.
Debido a su propia naturaleza, es un asunto de extraordinaria complejidad. Incluso en las democracias que presumen de transparencia, como bien observó Bobbio en un ensayo sobre el poder invisible, a los ciudadanos se les oculta cualquier información sensible. El Estado que descubre sus entrañas es, sin duda, más débil y vulnerable. Es inevitable que la publicidad dada a los secretos aireados estos días dispare las especulaciones, infunda sospechas, suscite desconfianza y genere inquietud.
Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, organismo público adscrito al ministerio de Defensa, están reguladas por ley. El Gobierno fija sus objetivos en una directiva, de carácter secreto, que es aprobada cada año por el Consejo de Ministros. La misión del CNI consiste en informar al Gobierno de posibles amenazas a la integridad del Estado y a sus instituciones básicas. Las actuaciones del CNI están sometidas a un control judicial previo, al control parlamentario de la Comisión de gastos reservados, cuyas deliberaciones son secretas, con severas restricciones en el acceso a la documentación, y al seguimiento y la evaluación de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, de la que forman parte los titulares de los ministerios competentes en la materia, que se encarga además de coordinar al centro con el resto de los servicios de información del Estado.
El presidente de la Generalitat, uno de los espiados, ha solicitado a Pedro Sánchez una reunión y le pide una aclaración y alguna dimisión, la misma exigencia que plantea Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos. Para comprender el enredo, es preciso recordar que todos los partidos independentistas con escaños en el Congreso tienen un vocal en la Comisión de gastos reservados, que ha permanecido paralizada los tres últimos años, y que Unidas Podemos forma parte del Gobierno de coalición y está presente en la Comisión Delegada para Asuntos de la Inteligencia. Cabe suponer, entonces, que Izquierda Unida y Podemos, primero a través de Pablo Iglesias y ahora por medio de Yolanda Díaz, han tenido conocimiento de las actuaciones del CNI.
Es posible que nunca sepamos de qué hablaba Aragonés en las conversaciones intervenidas ni la identidad de una cuarentena de espiados, pero las implicaciones políticas de este caso son igualmente enormes. De una u otra manera, detrás de las escuchas está el Gobierno, con sus contradicciones. Es Pedro Sánchez quien debe explicar si fue la desconfianza que en el fondo sentía hacia su socio de coalición y los grupos independentistas que le despejaron el camino hacia la Moncloa lo que le llevó a proponer al CNI, de espaldas a Unidas Podemos, que los espiara. Este es el meollo de la cuestión: la razón de ser de este Gobierno, los entresijos de su vida interna y la servidumbre a la que según parece ha estado sometida la seguridad del Estado. Confirmaría que la ejecutoria de Pedro Sánchez ha andado siempre por el filo, también en la crisis actual, y que ha estado fatalmente condicionada por una decisión estratégica que adoptó al principio, cierto es que en circunstancias difíciles, contra toda lógica política. Con un equipo descosido, los socios independentistas en actitud implacable y el crédito de la opinión pública en tendencia menguante, está obligado a hacer un esfuerzo agónico y permanente por salvar a su Gobierno. Nada será igual a lo previsto hasta las próximas elecciones generales, sean cuando sean. El Gobierno resiste a duras penas y un adelanto electoral no es conveniente para el país. Esta situación no estaba prevista. La política española sigue descendiendo.
