Cuando se fraguó la Constitución Española de 1978, hubo que abordar cómo evolucionar desde un estado centralizado y centralista hacia uno moderno, donde se acercara la administración al administrado cediendo competencias de administración general a las administraciones territoriales que se denominaron comunidades autónomas.
Lo cierto es que de una forma seria y jurídicamente potente hasta la Constitución Española del 78 España nunca había contado antes con una estructura del estado organizado con autonomía de las partes territoriales que lo integran y de una forma muy similar a la de un estado federal.
Son muy pocos países en el mundo donde los territorios que integran el Estado funcionan con el grado de autonomía del nuestro, porque no solamente las comunidades tienen autonomía administrativa y funcional, sino que disponen de un alto grado de autonomía política, al disponer las comunidades de gobierno propio y parlamento, con capacidad para emitir leyes que les afecta directamente a los ciudadanos del territorio autónomo.
A partir de ahí una vez delegadas las competencias a las comunidades autónomas, así como también recursos financieros se otorgó capacidad para crear impuestos locales o disponer de mecanismos para compartir impuestos.
El problema de la financiación autonómica aparece cuando hay que repartir ecuánimemente los recursos del estado que distribuye entre las comunidades. Aquí todas apelan a sus derechos y exacerban sus reivindicaciones, afeando siempre la conducta del estado con la comunidad autónoma, poniendo agravios en relación con las demás.
Por supuesto un estado organizado tiene que funcionar de forma equilibrada y entiendo se debe aplicar el criterio general de redistribución de la riqueza, es decir las comunidades más ricas, con mayor contribución al PIB tendrán que ser solidarias con aquellas regiones más pobres, siempre que estas sean también solidarias y gasten de forma transparente, austera y responsable los recursos que provienen de otros, cosa que no siempre ocurre por falta de criterios solventes de buena gobernanza.
Con la reunión de presidentes de varias comunidades autónomas en Santiago, convocados por el presidente Feijóo, para que, contando con problemas parecidos como mayor diseminación poblacional, envejecimiento, etc y, en general, menos ricas que otras comunidades autónomas, ha constituido un buen ejercicio democrático de quienes teniendo problemas comunes los aborden con diálogo, para contribuir al consenso en las políticas de financiación de un estado complejo como el nuestro, el autonómico.
*Economista
