Dicho con todos los respetos, en esto de la competencia para captar inversiones en el norte de su territorio –y en el resto también, que una cosa es ser vecinos y otra primos– que ha desplegado Portugal desde hace unos pocos años, habría que preguntar unas cuantas cosas. Alguna ya la hizo la Xunta sobre si se respetaban las normas de la UE en la pugna, y la respuesta pareció afirmativa. Pero vista la subasta de ofertas desde los candidatos a las municipales lusitanas –de las que ha dado cuenta este periódico–, resultaría prudente insistir en la materia.
Conste que –conviene reiterarlo– nada más lejos de la intención de quien expone este punto de vista que insinuar algo fuera de lo normal en las ofertas de los candidatos portugueses. Ocurre que, aun teniendo en cuenta las peculiaridades de una campaña electoral, algunas de las “promesas” realizadas exceden siquiera en apariencia el marco de la probabilidad e incluso de la posibilidad. Entre otros motivos porque aunque la Unión Europea no interviene en asuntos internos, sí marca reglas que todos los miembros deben atender. Incluso sobre la competencia externa.
Es cierto que en España es casi un hábito considerar muchas de las arengas electorales como algo etéreo y, cuando se concretan, hay tendencia general, dada la experiencia, a no creerlas. Incluso alguien tan importante como el ya fallecido alcalde de Madrid e ilustre catedrático, el profesor Tierno Galván, habló de aquellas primeras como algo que, más o menos, se lo lleva el viento, sin mayores efectos. Pero en Portugal no es así del todo: su cultura política es antes británica que ibérica y, por lo general, se tiene por más seria que otras.
Es muy probable que sea así: el propio presidente de la Xunta de Galicia anunció, hace un año aproximadamente, un plan para atraer inversiones a Galicia “mirándose en el espejo de Portugal”. Lo que quiere decir que hay respeto por el método, con independencia de que el Ejecutivo gallego haya preguntado en Bruselas por la fórmula. Lo que, por ahora, no se sabe bien es el plazo en que ese plan entrará en vigor si es que finalmente así se decide, ni en qué consistirá. Se supone que en agilidad burocrática, menores impuestos, facilidad en la obtención de terreno, etcétera. Y habrá que espabilar si se quiere que funcione.
Sea como fuere, lo más práctico sería seguramente que los gobiernos gallego y portugués dialogasen al respecto para establecer unas reglas de compromiso y que la defensa de los respectivos intereses no afecte a los comunes –que los hay– y a los legítimos de cada parte. Además, por supuesto, de extenderlo –el diálogo– a los municipios de ambos lados de la raia interesados en mantener y/o captar inversiones en el presente y el futuro, aparte de marcar unas normas que todos habrían de aceptar. Algo que no solo es difícil, sino que suena a quimérico, pero también a lo que no se puede renunciar, y menos entre amigos como sin duda lo son Galicia y el Norte de Portugal; además del resto, claro.
