Dicho con toda crudeza, parece llegada la hora de que alguien, con poder suficiente y capacidad para resolver problemas, analice lo que está pasando en numerosos municipios de este antiguo Reino en el que en términos de servicio financiero ya no queda ni el esqueleto de lo que un día fue cuerpo potente para atender a sus habitantes y visitantes. Que también los había, porque no se habla del pleistoceno sino de apenas un par de legislaturas atrás. Aunque a poco que se piense despacio, parece un siglo entero.
Quien esto opina se refiere, naturalmente, a la escalada de cierres que la práctica totalidad de las entidades bancarias está llevando a cabo con sus oficinas distribuidas por la geografía del país. Casi seguro por razones técnicas y económicas, en las que cuentan no solo las nuevas tecnologías sino el saldo anual de los balances que se llevan a los consejos de administración. Y nada habría que objetar, y menos en este sistema, si no fuese porque deben pensar, los accionistas, también en los clientes, de forma especial los inscritos en el censo de la gente del común.
(Y también en sus empleados. Los cierres casi masivos de oficinas están dejando en el paro –a través de diversas vías, más cómodas y generosas unas que otras, pero en el paro– o en la jubilación anticipada a millares de personas. Una gran mayoría de ellas tiene edad y capacidad profesional para que no se desperdicie su experiencia, por lo que no se entiende bien su relativa pasividad ante lo que ocurre que, resumido, significa una destrucción de empleo que además acabará convirtiendo el mercado en un oligopolio, con la perspectiva actual de más fusiones.)
No se trata de discutir la política que practican las entidades bancarias, sino la de quienes tienen la obligación de controlarla. Que –conviene no olvidarlo– han cometido múltiples “ligerezas”, como se demostró en el proceso de fusión de las cajas de ahorro españolas y, desde luego, antes. Y para evitar errores de interpretación, procede añadir que la opinión expuesta no es un añadido a las críticas por aquel proceso, sino a la absoluta falta de previsión por parte de la autoridad económica ante las consecuencias que iba a generar. Entre ellas, el lío de las sucursales. Que se veía venir y que se advirtió, sin efecto.
No se necesitaban profetas. Las fusiones, sobre todo las que, como las de aquí, se hicieron de forma lamentable. Con defectos y virtudes, eran el esqueleto financiero del país que confiaba en ellas –el índice de fidelidad mantenida por sus clientes al banco sucesor es significativo y parte de la base de su éxito– y se mojaron, y a fondo, en la ayuda a la vertebración Galicia, al cuidado de su cultura y al desarrollo de su economía. Tareas todas ellas financiadas con los beneficios obtenidos, que para eso eran entidades semipúblicas y a las que algunos de sus gestores dedicaron su vida y, al final, fueron repudiados por grupos de desagradecidos que olvidaron incluso los servicios prestados. Todo ello se perdió por la ceguera de unos cuantos políticos que no entendieron algo que era de Pero Grullo: que un banco no es una caja ni puede –ni debe– actuar como tal.
