Uno de los supuestos que, hasta hace relativamente poco. se daban por descontados en la acción de cualquier gobierno era que las decisiones, que a todos sus miembros responsabilizan, estaban coordinadas y que, en el peor de los casos, las discrepancias se resolverían de forma razonable. Es, o era, un modo práctico de no añadir a los problemas habituales de los gobernados el de la desconfianza en el criterio de sus gobernantes a la hora de aportar soluciones. Ocurre que, como todo en la vida, cuando las cosas cambian y casi nunca para mejor –por ejemplo en la España de hoy, donde quienes dirigen los asuntos del Estado no solo discrepan, sino que se pelean de momento dialécticamente sin el menor pudor–, todo se desmadra A eso en algunos países se le llama crisis: aquí, coalición.
Sea como fuere, y acaso porque la ley de Murphy se demuestra más fiable que otras y lo susceptible de empeorar empeora, lo que parecía remitir siquiera en apariencia tras la salida de Iglesias del Consejo de Ministros se ha reavivado y, aunque de forma diferente, ha llegado a infectar incluso a la Xunta de Galicia. Tanto que ha provocado el episodio, pintoresco, de que un gabinete, dirigido con indiscutible autoridad por su presidente, se permite el lujo no ya de discrepancias entre sus miembros, sino de ponerlas por escrito en forma de disputa. Y aunque tampoco es nuevo en Galicia –aquí ya hubo motines–, no consuela.
Antes de que alguien se alborote, conviene dejar claro que lo que precede es una opinión personal, argumentada sobre una información detallada de este periódico en la que se relata la discrepancia entre las consellerías de Medio Rural y de Medio Ambiente. El motivo no es menor: la segunda discrepa de la primera por consideran insuficientes las restricciones a la plantación de eucaliptos y excesivo el plazo que se concede a los plantadores para ajustarse a la nueva norma. No es el fin del mundo, desde luego, pero abre el camino de la duda acerca de si este tipo de disputas es más frecuente de lo que hasta ahora se sabía. O peor.
Naturalmente, el asunto serviría como buen material de crítica para la oposición, aunque quizá esta opte por temas aún más llamativos. Pero en cualquier caso eso no es lo importante: resulta lamentable que en cuestión que tiene relevancia para el sector forestal del país, su Gobierno autonómico no demuestre tener criterio sólido y operativo. Una ausencia que además afecta de forma directa al presente y al futuro de una factoría que, como la de Pontevedra, da trabajo de un modo u otro a más de cinco mil familias gallegas y atañe –o eso dice su consellería– al medio ambiente en que viven todos los demás. Está visto que Moncloa contagia.
Más allá de las explicaciones –o excusas– que seguramente alguien aporte, hay un par de conclusiones indiscutibles. La primera, que la gente del común, que no domina ni tiene por qué los asuntos forestales o ecológicos, tiene derecho a que un gobierno se encargue no solo de la política y las teorías, sino de los remedios a lo que pueda complicar la normalidad de sus vidas y haciendas. La segunda, que en el marco de ese derecho se incluya, cuando fuere menester, una información transparente y completa sobre cualquier problema que pueda afectar a los contribuyentes, acompañada, por supuesto, de las correspondientes propuestas de solución. No se pide que hagan milagros: solo que gobiernen como mandan los cánones. Por lo menos, los serios, los que no entran en disputas internas.
¿Eh...?
