Uno de los aspectos tratados en mi libro sobre el balance de 40 años de descentralización en España, publicado recientemente por Funcas, es la dinámica de las opiniones de los españoles sobre el proceso. En los albores del proceso descentralizador, la incertidumbre sobre el punto de llegada era elevada. La redacción del Título VIII de la Constitución es abierta y compatible con múltiples soluciones finales, tanto en lo que concierne a la simetría territorial como al abanico competencial. La percepción de los ciudadanos en 1980 reflejaba esta incertidumbre y desconocimiento, pero en ella se plasmaba también un cierto optimismo.
A partir de entonces, el Estado autonómico se desarrolló con inusitada rapidez, ganando adeptos en todos los territorios y opciones ideológicas. Según el CIS, en 2005 casi el 70% de los encuestados evaluaban de forma positiva la creación y desarrollo del Estado autonómico y solo el 15% eran críticos. Además, el 50% de los ciudadanos consideraban que el Estado autonómico funcionaba muy bien o bien, y solo el 8% mal o muy mal, con un 35% situados en la evaluación regular. El apoyo de los españoles al Estado autonómico en 2005 era ampliamente dominante.
La gran recesión que nos impacta entre 2009 y 2013 cambia el escenario. Los ajustes en el gasto público y las subidas impositivas, el malestar social que llevó a modificar las opiniones de los ciudadanos sobre diversas instituciones y organizaciones afectó también al Estado autonómico. La encuesta del CIS disponible para 2012 muestra que las valoraciones positivas caen significativamente y, en paralelo, aumentan las negativas. A la pregunta sobre la alternativa de organización del Estado preferida, la respuesta para 2005 y 2012 es coherente con lo anterior. A una evaluación menos positiva le acompaña una apuesta más intensa por una recentralización. El 37% de los españoles se decantaba por ello en 2012, frente a menos del 10% en 2005.
“Necesitamos avanzar en una cogobernanza imprescindible, habida cuenta del nivel de descentralización existente en España”
Pero las cosas cambian de nuevo con la normalización de la coyuntura económica y la mejora de la situación de las arcas autonómicas. En 2019, cae hasta el 29% el apoyo a las soluciones recentralizadoras y vuelve a dominar claramente la opinión de mantener el grado de autonomía en el nivel actual (43%).
En todo caso, es verdad que la reacción crítica hacia el Estado autonómico no solo se tradujo en apoyo a tesis recentralizadoras; también se detentan en el sentido opuesto. Entre 2005 y 2012 aumenta del 7% al 10% el porcentaje de ciudadanos que abogan por el llamado habitualmente “derecho a la autodeterminación”, un incremento que no parece muy significativo, pero que sí lo es cuando cambiamos el foco y pensamos en que la opción independentista se concentra territorialmente.
¿Cuál será el efecto neto final de la pandemia sobre el Estado autonómico? A expensas de nuevos estudios demoscópicos, me arriesgo a decir que las críticas ahora no girarán tanto sobre los gobiernos autonómicos en sí, como sobre los problemas de coordinación y cooperación que se han puesto de manifiesto. Necesitamos reforzar urgente y sustancialmente la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y las conferencias sectoriales para avanzar en una cogobernanza imprescindible, habida cuenta del nivel de descentralización existente en España. Más reformas a abordar.
