A la vista de cómo van las cosas, a la oposición y a muchos de los organismos y entidades que discrepen con las decisiones del Gobierno no les va a quedar otro remedio, si quieren defender su causa con alguna eficacia, que reclamar el amparo de los tribunales. Cierto que eso es un principio que forma parte de la esencia misma del Estado de Derecho y se garantiza en la Constitución vigente, pero a la vez sería deseable que esa vía se emplease lo menos posible. Y, para ser aún más exactos, cuando no quedase otro remedio que pleitear en ausencia de cualquier posibilidad de acuerdo entre las partes enfrentadas.
Lo curioso de esta situación es que choca de lleno con la posición que aparentan defender tanto el PSOE como Podemos, que tanto clamaron contra la “judicialización” de la política, y ya ni se diga sus socios catalanes, la izquierda de ERC y la derecha antigua ex de CiU, dividida con los “ultras” puigdemoniacos. La crítica se reitera cuando el derecho de acudir a los tribunales se ejerce contra ellos, porque si los denunciados son sus adversarios, individual o colectivamente, no solo no se omiten los reproches, sino que se jalean, bien por la coalición, bien por sus coros mediáticos y, con frecuencia, por todos juntos y a la vez.
El último, por ahora, de los casos es el de la victoria –de momento– ante el Supremo por parte de la Comunidad de Castilla y León, que tuvo que reclamar ante el alto tribunal la devolución de la parte del IVA que adelantó a Hacienda y esta no devolvió. La decisión judicial obliga a remitir los 180 millones anticipados a su origen, y ha dado esperanzas a Galicia de que en su momento ocurra lo mismo con los 200 millones que asegura se le deben. El presidente Feijóo y los conselleiros de Economía y de Facenda se hartaron de reclamar y el Gobierno central de incurrir en contradicciones, así que la cosa acabó ante los señores magistrados.
A eso puede llamársele, sin la menor duda, judicialización de la política. Pero con el matiz de que es “a pesar” de los reclamantes, cuya razón se reconoce ahora. Es decir, en estas ocasiones, y en otras varias que podrían citarse –la Lei de Saúde ante el Constitucional, verbigratia–, es el Gobierno el que judicializa, pero ni lo reconoce ni se compromete a buscar vías efectivas de solución extrajudicial. Y en los pocos casos en que habla de dialogar, las conversaciones son tan lentas que el meollo de las cuestión acaba quedándose arrugado e inservible. Y también en ese terreno podría adjuntarse un catálogo nutrido, con este Gobierno y anteriores.
La moraleja va casi de suyo y consiste en aplicar aquel viejo lema del “hoy no se fía, mañana sí”, que la tradición sitúa en pared destacada de antiguos establecimientos. Y que, dada la conducta del gabinete que preside el señor Sánchez, haría desconfiar hasta al beato más ingenuo de cuantos abundan en el santoral. Precisamente por esa actitud es por la que, en opinión personal al menos, se obliga a los que se tienen por maltratados a acudir al último –y ya casi único– recurso que queda para buscar la razón que le niegan: los tribunales de justicia. Y eso no es judicializar: se podría considerar legítima defensa.
¿O no...?
