Bastaron dos días de calor para que las llamas “comiesen” otras quinientas hectárea al monte gallego, que se añaden a las muchas miles perdidas en estos años. Y ahora ya no quedan motivos para insistir en antiguas teorías conspiratorias: no hay rastro de bandas o grupos organizados sobre los que tanto se especuló durante años, movidos por supuestas intenciones políticas, urbanísticas o económicas. Quedan el descuido, determinados hábitos o el interés particular de algunos en hacer daño o mantener un modo de vida, actitudes contra las que deberían bastar los recursos materiales, personales o jurídicos que ahora mismo existen.
Pero no bastan. Algo que, al menos desde una opinión personal, exige reformas y, sobre todo, tomarse aún más en serio el problema, lo que no corresponde ya a otros que no sean los legisladores. Nadie debería sorprenderse por la petición, puesto que cabe reclamar más recursos todavía, unas medidas de previsión ajustadas a las variaciones climáticas en vez de al mero calendario e incluso la creación de una especie de servicio de inteligencia para reunir la información adecuada. Pero, en el fondo, es probable que dados los orígenes del fuego, el mejor remedio sea el que ya inventaron los romanos con su vía penal, la vindicatio.
Ahora mismo habría que referirla a un endurecimiento suficiente de las penas como para que los incendiarios se lo pensaran dos veces antes de manejar la mecha o lo que usen esos sinvergüenzas. Aunque conviene añadir, para evitar malos pensamientos o interpretaciones temerarias, que no se reclama el grillete, la mazmorra, la tortura o los trabajos forzados. Solo la disuasión efectiva. Una tarea técnica orientada a servir mejor a la ciudadanía que alentase a alguna de sus señorías con acta legislativa conseguida en las urnas gallegas para entrar en una cuestión que, verano tras verano –y cada vez “madruga” más– acongoja a su ciudadanía.
Tendría que hacerlo, desde luego, en sentido distinto al que parece primar ahora mismo en que se habla tanto de reformar el Código Penal. Porque la intención aparenta cosa distinta a hacer justicia desde el momento en que se orienta a facilitar del indulto para delincuentes que reiteran su intención de volver a hacer aquello por lo que se les condenó o reducir las penas para delitos graves. La iniciativa que se solicita sería para establecer castigos más severos para los incendiarios, cuya actividad causa daños de larga duración en el medio ambiente natural y destruye bienes privados y/o comunales, pero siempre ecológicamente colectivos.
Y es que, al menos desde un punto de vista particular, parte de las cuestiones a las que Congreso y Senado dedican su tiempo no pasan de superficiales. Excepción hecha, y eso es peor todavía, de asuntos que interesan a la coalición gobernante que, para seguir donde está, acepta las exigencias de grupos de condición separatista y les entrega la capacidad de decidir, desde un porcentaje mínimo de votos, mucho de lo que corresponde a millones. O hace dejación de sus competencias para permitir que en una crisis global como la del COVID existan en España diecisiete políticas sanitarias ante un solo enemigo común. El motivo, parece, es el de no afrontar lo que debiera: quizá en lo de los incendios forestales haya pasado, con este Gobierno y los anteriores, algo parecido.
¿No...?
