La suspensión de la autorización de nuevas plantaciones de eucalipto anunciada la semana pasada por el presidente Nuñez Feijóo es una buena noticia, aunque haya que pasar por alto la poco ortodoxa forma de anunciarse, durante el debate del Plan Forestal de Galicia que aprobó en solitario el Partido Popular. Pese a las formas, esta moratoria era una demanda social y contribuye a acercar posturas y reforzar el papel que deberá jugar el sector forestal en la recuperación económica de Galicia y el resto de España tras la COVID19.
La prohibición de no autorizar nuevas plantaciones de eucalipto en tanto no se conozca la cantidad y calidad de los recursos forestales existentes (datos pendientes de la finalización del inventario forestal) supone un punto de inflexión. Por fin se añade una mayor racionalidad ambiental y económica a la toma de decisiones y se aceptan por parte de la administración forestal algunos de los argumentos de la crítica social, económica y ambiental ante el problema de la eucaliptización del territorio.
Es muy posible que sigamos viendo durante algún tiempo el mismo debate estéril de posturas atrincheradas que caen en la simplificación y abordan de manera reduccionista el problema: bien sea para estigmatizar al eucalipto como árbol maldito, causante de los incendios y dañino siempre y en todo lugar para el suelo y los recursos hídricos; sea para calificarlo como árbol inocuo, minimizar el impacto ambiental, atribuirle funciones ambientales de las que carece o exagerar sus rendimientos económicos.
La industria y el resto de la cadena de valor de la madera asumen que las plantaciones de eucalipto deben limitarse y ordenarse.
Aunque tardemos en romper estas inercias, la moratoria del eucalipto se ha producido tras un cierto nivel de acercamiento entre sectores históricamente enfrentados. Buena parte de los propietarios, la industria y el resto de la cadena de valor de la madera asumen que las plantaciones de eucalipto deben limitarse y ordenarse. El conflicto permanente no es bueno, tampoco para la economía. La desigual relación de poder que ha dominado la toma de decisiones en materia forestal durante décadas se ha equilibrado y se empieza a aceptar que el monte gallego no puede navegar a la deriva de las leyes del mercado, un riesgo demasiado alto para el precio de las materias primas, el tejido industrial, los propietarios y la biodiversidad. Por eso, la moratoria es una buena noticia, a la que esperamos se sume pronto un mayor rigor en la planificación forestal a partir de los datos del inventario forestal, la toma en consideración de la biodiversidad y más y mejores mecanismos de participación pública que los utilizados hasta ahora.
*Greenpeace España
