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Javier Sánchez de Dios.

Crónica Política

Javier Sánchez de Dios

El transformador

Habrá que esperar y ver qué ocurre, más allá de las preguntas y las respuestas, acerca de lo que podría denominarse “extraño caso del transformador”. Es decir, de la negativa del Gobierno central a autorizar el enganche de la red de muy alta tensión para el suministro de la energía eléctrica que necesita la factoría de PSA en Vigo. Y esa espera se extiende a la decisión que tome la empresa, dado que la instalación es “una prioridad para la permanencia” en Galicia lo que también significa la continuidad de su efecto dinamizador de su estructura económica.

El sentido común, que –dice el refrán– es a veces el menos común de los sentidos, hace suponer que las razones de la actitud de la ministra Ribera dejen margen para una solución satisfactoria, que la dirección de la firma plantee alegaciones admisibles y no ejecute la explícita advertencia y, en fin, que la Xunta busque y encuentre una salida. Cualquiera que no suponga la continuidad de la industria más importante de este Reino sería un auténtico disparate: la antigua Citroën supone millares de empleos directos e inducidos, una referencia tecnológica básica.

Eso más una larga lista de añadidos, entre los que destaca también un clúster que dinamiza gran parte de la estructura industrial gallega de un modo u otro. Y, francamente, aquí la ciudadanía no está ya para más sustos. ni para que se concreten en zozobras y efectos catastróficos resultado de causas cuya solución no parece una tarea de titanes. En todo caso, lo que conviene –como decía algún consejo preventivo, “no vaya a ser que el demonio se meta por medio”– es que un asunto de tal envergadura no se politice, o para ser exactos, no se partidice.

Dicho eso, quizá convenga hacer constar, frente a quienes crean que la hipótesis de que PSA se vaya porque no se autorice un enganche con la red de muy alta tensión es inverosímil, que aquí se han dado casos, si no tan graves, estrambóticos. Como las circunstancias de la desaparición de la firma “Manuel Álvarez”, el inaudito de una Abogacía del Estado que redactó informes opuestos acerca de la continuidad de Ence –por cierto: las protestas de su plantilla y sectores afectados solo merecen el silencio oficial– en un momento en el que el empleo debería ser prioritario.

Ya puestos a advertir, puede citarse otro episodio en principio inverosímil que podría llamarse el “timo del emigrante” –fallido, pero por poco– cuando un supuesto gallego residente en Iberoamérica pidió cantidades notables en subvenciones para abrir una fábrica en municipio pontevedrés. Hay ejemplos como para escribir un libro de esos tan de moda conocidos como de historia/ficción, solo que esto del transformador, si resultare al final causa del mal causado, exigiría no ya una comisión parlamentaria para reclamar responsabilidades, sino el ingreso en un recinto psiquiátrico para los culpables.

¿No?

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