El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple 40 años. La sensata idea de los constituyentes de 1978 de establecer un órgano “ad hoc” para el gobierno del poder judicial que asumiera las competencias del poder ejecutivo sobre jueces y magistrados, sin embargo ha sucumbido por las acciones u omisiones de unos y de otros. El primer CGPJ constituido mediante elección mayoritaria por los propios jueces, naufragó en las aguas de un corporativismo alejado, en muchos casos, del mismo espíritu constitucional. Y, los Consejos conformados a partir de 1985 por la elección parlamentaria de sus 20 Vocales, han sido pasto de un intolerable reparto de cuotas entre los grupos políticos, frustrando definitivamente su misma posición constitucional.
El PSOE al menos ha sido coherente en su postura a favor de la elección por el Congreso y el Senado de los Vocales del CGPJ. El PP que ha dispuesto de dos mayorías absolutas en las que podía haber realizado un cambio del sistema de elección y no lo hizo, votando en contra de las diferentes iniciativas en el Congreso de los Diputados que proponían un sistema similar o parecido al de 1980. La tentación a colonizar el control del órgano de gobierno del poder judicial, ha pesado más que sus propuestas programáticas. La incapacidad actual para renovar el CGPJ no es, por tanto, un hecho aislado, sino la expresión de un fracaso sistémico que ya no da para más.
Quizá sus principales funciones serían mejor ejercidas por la sala de gobierno del Tribunal Supremo y por las correspondientes salas gubernativas de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades autónomas. Los nombramientos para los cargos judiciales más relevantes, incluidos sus propios magistrados, se abrían así por el Tribunal Supremo que nadie mejor conoce la trayectoria jurisdiccional de los candidatos, y las funciones de inspección, disciplinaria y de gestión del estatuto judicial las podría compartir el Tribunal Supremo con los Tribunales Superiores de Justicia en la tarea común de que los miles de jueces y magistrados que son portadores cada uno de ellos a título individual o colegiada del poder judicial del Estado, lo puedan ejercer de una manera jurídicamente ordenada.
La renovación de los vocales del CGPJ siempre se ha producido a lo largo de estos 40 años, y tal como ahora está sucediendo, con retraso y de manera si no abiertamente contraria a la Constitución, sí poco respetuosa a la voluntad constituyente y del máximo intérprete de la Constitución que ya advirtió del riesgo de que la lógica del Estado de partidos se terminara imponiendo a la hora de la elección de los Vocales, y, por eso mismo exigía que la lucha partidista quedara alejada del ámbito del poder judicial.
La trayectoria seguida en la renovación del CGPJ nos tenía que acabar conduciendo a un conflicto político como el que tenemos por delante. El deterioro institucional del Consejo ya no permite siquiera renovar, aunque sea a trancas y barrancas, este órgano diseñado, en definitiva, para proteger la independencia de jueces y magistrados.
