Hoy, 10 de noviembre, hace un año de las últimas elecciones generales. Después de un periodo de inestabilidad originado tras los comicios de diciembre de 2015, se logró conformar el pasado mes de enero el primer ejecutivo de coalición desde 1936. Sin embargo, no hemos salido de una prórroga que parece ya permanente en la gobernación del país, como se demuestra con unos presupuestos generales alargados desde hace más de tres años. Rajoy cometió un grave error en 2016 del que seguimos pagando las consecuencias. Cuando el entonces presidente renunció incomprensiblemente a presentarse a la investidura y provocó la mayor crisis institucional de la democracia. Lo que siguió a esta insólita retirada es de sobra conocido hasta la llegada al poder de Pedro Sánchez.
La pandemia ha venido a consolidar esta España políticamente prorrogada y fracturada social y económicamente. Las Administraciones autonómicas aturdidas por la batería de medidas contra el Covid y un Estado central en retirada, son manifestaciones del errático panorama institucional español. En ningún otro país, sin duda, están mejor que nosotros en la lucha contra la enfermedad. Pero, en ningún otro Estado europeo se sufre un deterioro político, administrativo y judicial de la envergadura del nuestro.
El país camina hacia ninguna parte, sin una firme dirección política. Con unos ciudadanos anestesiados por el coronavirus y una clase política inoperante, esta crisis que va en serio, y que será muy larga, nos condena a una España permanente prorrogada si hacemos casos las más autorizadas voces independientes que ponen en cuestión la viabilidad de los presupuestos preparados por el Gobierno para 2021.
