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Alfonso Villagómez.

Un estado de alarma tramposo

El nuevo estado de alarma es tramposo para las Comunidades Autónomas. Parece que son los gobiernos autonómicos quienes deciden las medidas restrictivas de libertades a adoptar en sus respectivos territorios, cuando efectivamente no va a ser así. Los presidentes de las Comunidades y sus consejeros son “autoridades delegadas” del Gobierno de la nación, que es el responsable de la declaración y ejecución del estado de alarma. De tal suerte que las autonomías ejercen un poder o una facultad en nombre de otro, el Gobierno, y quedan sometidas a que ese otro, el Ejecutivo de Sánchez, pueda en cualquier momento revocar esos poderes y facultades “delegados”. Es decir, cuando existan discrepancias o un conflicto sobre las medidas sanitarias a disponer, prevalecerá siempre el criterio del ministro de Sanidad.

De ahí que sea también absurdo e inútil que los presidentes autonómicos acudan a sus parlamentos o asambleas para rendir cuentas de unas prerrogativas que no son propias en esta lucha contra la Covid-19, arropada jurídicamente ahora por la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional. Son el Gobierno y su presidente quienes tienen que responder ante el Congreso de los Diputados del desarrollo y duración de esta situación de excepcionalidad constitucional.

Y es que, queridos lectores, se han forzado las hechuras del traje de la ley orgánica 4/1981, que, sin duda, necesita de una actualización a la evolución de nuestro Estado descentralizado. Pero, mientras llega, hay que cumplir lo que dicen sus preceptos; y, dicen que la declaración del estado de alarma en una Comunidad Autónoma sólo es posible en el caso de que la causa que la motiva, por ejemplo, una epidemia, se produzca “exclusivamente” en el ámbito territorial de esa autonomía. Lo que evidentemente no es el caso.

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