Es probable que la tragedia del tren Alvia en Angrois, hace ya más de siete años, en la que fallecieron ochenta personas -y decenas más resultaron heridas-, pase no solo a la historia negra de los ferrocarriles españoles, sino también, de algún modo, a la enciclopedia -si la hubiere- de las dudas. Y es que después de tres cierres de la instrucción judicial, solo dos acusados comparecerán en juicio oral: el maquinista y el entonces director de Seguridad de Adif. Atrás quedan informes de diferentes fuentes, incluido uno de la Unión Europea, y un trabajo prolongado de la Justicia que, a la vista de algunas reacciones de víctimas supervivientes y familiares de los fallecidos, no dejarán convencidos a todas las partes.
Ahora mismo, solo hay algo indiscutible: que lo que aquel 24 de julio pareció un accidente se fue convirtiendo en una batalla parlamentaria entre partidos, primero, y después en una búsqueda paralela a la procesal de responsabilidades políticas. Sin respuesta, como en otros episodios sobre acciones u omisiones en ámbito público de este país, aparte sospechas por algunas respuestas y silencios en estos años. Además, y queda dicho, de una insatisfacción muy difícil de eliminar. Por eso se ha citado la crónica de sucesos y aludido a otra de misterios.
En espera, y conviene insistir en ello, de que concluya definitivamente el paso por los tribunales, resulta difícilmente aceptable que la consecuencia de la tragedia sea únicamente que movilizó a cientos de personas en un ejemplo de solidaridad tan impresionante como el horror del suceso y condujo a una sociedad entera a un doloroso estupor. Después, a la sensación de que hay aspectos de todo aquello que nunca quedarán del todo esclarecidos y que quizá, en el banquillo, hoy por hoy son todos los que están, pero no están todos los que fueron.
Lo mismo pasa con preguntas que, a pesar del trabajo judicial, no han obtenido respuesta suficiente, al menos a ojos de la opinión pública. Por ejemplo, el motivo por el cual los cambios en las condiciones iniciales de la obra no se explicaron lo bastante; ni si efectivamente, como se denunció, tuvieron antes decisiva influencia en la tragedia misma; o cómo pudo ser responsable una sola persona del borrado de unos datos relacionados supuestamente con aquel tremendo episodio. Y sin mencionar posibles intereses electorales o recortes de presupuestos.
Sería fácil insistir, y argumentar, en que la sociedad tiene derecho a saber toda la verdad sobre aquello, y no solo la judicial, que es la que al final cuenta porque corresponde a hechos probados. Un derecho que no equivale a la especulación o perder la seguridad jurídica, porque aquella solo produce más daños morales y esta queda garantizada por la administración de justicia. Pero sí tiene que ver con la tranquilidad de mucha gente del común que utiliza un sistema de transporte fiable, como es el ferrocarril, y a la que es obligado proporcionar confianza.
¿No...?
