El ejemplo es real, una anécdota recurrente para documentar la inoperativa inercia política, la lentitud en las decisiones y en la ejecución presupuestaria, la impericia y el desatino. Cuando Felipe II le solicitó más dinero al Papa Sixto V para construir una segunda armada, el jefe de la iglesia católica le contestó: "Vuestra majestad consume tanto tiempo en consultar sus empresas que cuando llega la hora de equiparlas se ha pasado el tiempo y consumido el dinero".
Algo semejante ha venido ocurriendo con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. España y Portugal han perdido miles de millones -en círculos de Bruselas se estiman en 4.000 millones en el primer caso y en 7.000 en el segundo- por no disponer de proyectos, no presentarlos a tiempo o por ineficacia administrativa. Pueden sumarse otras razones: extravíos, desorientaciones, despistes, olvidos, confusiones. Seguro que a ustedes se les ocurrirán algunas otras. Pero lo cierto es que, pese a esas circunstancias, la modernización de la Península Ibérica, sus más modernas infraestructuras se han debido a los dineros llegados de la EU, de la solidaridad, de la necesidad de converger en el desarrollo común del viejo continente.
Algo hay que reflexionar ante el Plan Next Generation EU -así se llama el nuevo Plan Marshall-, especialmente pensado para los países sureños, significativamente España e Italia -que se estima sumarían el 70% de las ayudas- y también Portugal
Los acuerdos de Bruselas son taxativos: se destinarán 750.000 millones de euros en ayudas a las economías más afectadas, se otorgarán directamente a cada Estado, cada Gobierno deberá remitir un plan de Reformas específico, detallando el destino del dinero -es decir, los proyectos concretos en los que se invertirá-, el plazo de solicitud se establece entre octubre de 2020 y abril de 2021-, paulatinamente las instituciones irán haciendo las aportaciones que aprueben y comprobando el cumplimiento de los compromisos contraídos por cada país.
Se estima que España pueda recibir un máximo potencial de 72.700 millones en transferencias directas y casi otro tanto en préstamos. El 70 % de los fondos se entregarán en 2021 y el 30% restante en 2022.
En román paladino: habrá ayudas, incluso a fondo perdido; se harán en base a propuestas sólidas; se valorarán las reformas que establezcan cada gobierno; no estarán ligadas a los Presupuestos Generales; Europa no intervendrá en los repartos nacionales, por lo que los criterios, si es que existen, geográficos o sectoriales serán establecidos por las ejecutivos nacionales. En este sentido, en España todo indica que serán el Presidente Sánchez y su director de gabinete Iván Redondo los que establezcan esos parámetros a través de la llamada Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación. Nadia Calviño actuará en la sombra, para no enfadar a Podemos, pero será difícil que estos alcancen a participar de las decisiones más trascendentes.
Tal y como ya se ha demostrado en debates en el Senado y del Congreso, las tensiones serán abundantes, el intercambio de cromos intenso y los escarceos permanentes. Política es política, pero la oportunidad es única, y la posibilidad de perder miles de millones por falta de consenso o de proyectos puede ser legendaria. Esto es lo que hay que evitar si no queremos malograr más que con la Armada Invencible. Además habrá que cambiar la Ley de Contratos del Estado, para hacer todos los procedimientos más ágiles, eficaces y transparentes.
Hay una pregunta a las que las Comunidades Autónomas, las Diputaciones o los Ayuntamientos todavía no saben la respuesta a cómo han de computar los fondos europeos en sus presupuestos. Sectores tan implicados en la crisis como el turismo o el comercio tampoco conocen en qué modo pueden participar de esas ayudas, ni cómo estarán representados en la comisión de reparto. Es posible que las reuniones de Sánchez con los presidentes autonómicos o con las grandes empresas no hayan servido para impulsar las iniciativas públicas y privadas suficientes para completar las ayudas previstas. Y en este punto puede estar la debilidad de un procedimiento llamado a impulsar la economía en cascada.
Lo aconsejable es que cada sector político, económico y social se movilice. Caso contrario puede ocurrir lo mismo que Sisto V reprochó a Felipe II, o algo peor incluso. La salvación individual es posible, la colectiva improbable, la necesidad obligada, la oportunidad única. Y esta vez, ni Europa ni Moncloa van a esperar a que las comunidades, otras administraciones o los empresarios se limiten a preguntar: ¿qué hay de lo mío? Hay que trabajar con sentido de Estado, mucho, unidos, rápido y bien. Ánimo en el empeño, nos jugamos al menos los próximos veinte años de economía.
1 Este artículo forma parte da iniciativa Manifiesto Ibérico: Destino Europa
*Periodista
