A menudo hemos escuchado que los españoles deberíamos tener los mismos servicios públicos sanitarios, independientemente de dónde tengamos nuestra residencia. Muchos han visto como una injusticia que en una determinada comunidad autónoma cuente con unos recursos sanitarios muy diferentes a los de otra comunidad, por lo que hemos tenido la percepción de vivir en agravio comparativo, por lo que las diferencias entre territorios en España, es algo que tenemos que resolver.
Progresivamente con la evolución del estado autonómico en España, la administración central fue delegando progresivamente a las comunidades autónomas, las competencias en materia sanitaria, por tanto, el antiguo Insalud, transfirió la atención primaria y todo el sistema básico de salud, así como también los hospitales públicos, a las comunidades.
Por tanto, la responsabilidad de la gestión servicios sanitarios y las infraestructuras necesarias pasaron a ser competencia directa de las comunidades autónomas y en el caso de Galicia es la Xunta la que tiene en sus manos la atención sanitaria pública de los gallegos, así como también buena parte del control y fiscalización de la sanidad privada que cada vez más ha ido cobrando una mayor importancia.
El acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos ha sido una de las grandes ventajas que nos ha aportado nuestro sistema autonómico, pero en paralelo a las transferencias, no se ha ido fortaleciendo con medidas de carácter federal o nacional que garanticen a la totalidad de la población el acceso a servicios iguales independientemente de donde viva cualquier español.
Con el caso de la pandemia, se ha puesto de manifiesto que el Ministerio de Sanidad se encuentra desposeído de competencias de atención sanitaria a los ciudadanos y en consecuencia falto de recursos asignados que den respuesta a las necesidades que como el caso del Covid-19, por su magnitud desbordó sus capacidades, con mucha facilidad.
Esto que ocurre en ámbito sanitario, ocurre también en otros muchos sectores que afecta de forma directa y habitual a las empresas en el día a día y sería bueno que pudiéramos obtener conclusiones de cómo funcionar de forma eficaz y económica en un sistema descentralizado por comunidades autónomas, pero con competencias nacionales por parte de las autoridades de la nación que garanticen el acceso a los servicios públicos y a una política fiscal homogénea evitando agravios comparativos según los ciudadanos y las empresas tengan su residencia.
*Economista
