Está visto -aunque hay quien se empeñe en Galicia y más allá- en negar la evidencia- que al bigobierno central la transparencia le produce alergia. Y no solo porque ha eliminado el llamado "portal" que había establecido el gabinete del señor Rajoy, sino por su aplicación como norma no escrita de los silencios administrativo y político. El primero, para no explicar ni los negocios "paralelos" al Covid-19, alguno con reconocimiento de que no se aplicó la Ley de Contratos del Estado sin que nadie asuma responsabilidad, ni la mentira del señor Simón sobre la necesidad de las mascarillas, ya obligatorias. Etcétera. etcétera.
El segundo silencio, el político, se comprueba cada vez que comparece el presidente Sánchez en charlas sabatinas o ante el Parlamento: nunca hay respuesta para las preguntas, ni las comprometidas ni las incómodas, ni especifica cuántas y cuáles son las facturas pendientes que sus raros acuerdos suponen. El escandaloso último -por ahora- ejemplo de su capacidad para el embuste fue el pacto con Bildu sobre la reforma laboral. Pasó en cuatro horas de las musas de la Cámara al teatro de las rectificaciones, afirmado por sus socios y negado por sus propios.
Todo eso, que es motivo de censuras, se sabe bien, y se padece aún más en Galicia, donde en los dos últimos años se han sumado más ejemplos de agravios comparativos, maltrato de la igualdad e incumplimiento de compromisos que en los diez anteriores juntos. Con una agravante específica: antes -y no se emplea el término con melancolía- funcionaba aquí un PSOE que, con los suyos o con sus rivales, defendía a la vez que su programa y sus ideas a este antiguo Reino. Hoy se limitan sus referentes locales a un ejercicio de tiralevitas -de Moncloa o de Ferraz- que abochorna incluso a parte de sus bases. Que, eso sí: callan, luego "tragan".
En este punto procede insistir en que lo que se expone resulta poco opinable: es medible, comprobable y debiera añadirse que también criticable. Sin que esto último suponga toma de posición partidista, sino sencillamente el ejercicio de un punto de vista personal en un país democrático. Y que además puede señalarse como obligado siempre que la actitud de quienes tienen capacidad para tomar decisiones que afectan al Estado lo hagan en la oscuridad, exponiendo luego lo que les conviene y manipulando con descaro conceptos básicos como el de la coherencia.
Es por eso por lo que, desde la opinión personal, parece el momento de que el modelo se restaure, con unas Cortes al completo, un Gobierno que no mienta -y que, como dijo el señor Pérez Rubalcaba, q.e.p.d., no se merece España- y una oposición que lo sea desde la lealtad a la democracia y con el rigor y la energía bastantes para no mezclar el libelo con la crítica. Y que entre todos se elimine este ambiente insoportable, que va a más y que puede aún ser peor, para que unos y otros no se vean como enemigos, sino como rivales. Y, por una circunstancia especial, Galicia puede ser la primera en ejercer esa tarea.
¿O no...?
