A finales de 1983, la construcción de una nueva Casa-Cuartel de la Guardia Civil parecía un hecho irreversible, puesto que todos los trámites estaban prácticamente cerrados. Una parcela cedida por el Ayuntamiento en la parroquia de Marcón era el lugar elegido y la obra ya estaba pendiente de adjudicación, con un presupuesto que rondaba los 700 millones de pesetas.
Pocas semanas después, las máquinas de José Malvar, constructora del colegio allí proyectado, se encontraron en aquel lugar con las máquinas de Marcelino Currás, encargado del nuevo acuartelamiento. Entonces se descubrió el pastel. La corporación municipal había cedido por un error incomprensible el mismo terreno por partida doble. A partir de entonces, el asunto se enconó a causa del enfrentamiento latente desde las últimas elecciones municipales entre el alcalde Rivas Fontán y los líderes vecinales de Marcón y Tomeza, respectivamente, Aurelio Gadea y Antonio Acuña.
Nadie quiso dar su brazo a torcer en los meses siguientes y el problema derivó en la conocida batalla por Monte Carrasco, puesto que vecinos de ambas parroquias plantaron cara a la Policía Nacional y evitaron con su actitud irreductible la continuación de la obra de la Casa-Cuartel.
El secretario general del PCE, Santiago Carrillo, presentó al respecto una interpelación al Gobierno, e incluso viajó a Pontevedra para mostrar su apoyo al vecindario. Y el teniente general Sáenz de Santamaría, director general de la Guardia Civil, consideró la construcción del acuartelamiento como innegociable. El asunto se puso al rojo vivo y el diálogo resultó imposible, hasta que el Ministerio del Interior terminó por tirar la toalla y renunciar al proyecto.
