Está visto que, por graves que resulten algunos acontecimientos -y el Covid-19 es el peor de todos- no hay modo de lograr que los gobiernos y sus integrantes eviten la tentación de aprovechar el menor resquicio para sus propios intereses. Cierto que unos lo hacen con más disimulo que otros y lo camuflan mejor, pero en ese vicio hay pocas atenuantes. Y ninguna si se atraviesa la delgada y difusa línea gris que apenas separa la propaganda de la obligación pintada de generosidad, pero de tal modo que la transforma de oportuna en oportunista.
No se trata de andar con retóricas, sino de avisar para que, dentro de lo posible, no le den gato por liebre a la gente corriente. Por eso la prudencia del gobernante debiera obligarle a tener en cuenta las circunstancias en las que toma decisiones. Y si está por medio, verbigratia, una convocatoria electoral, habrá da andar con pies de plomo: la sospecha de una intención solapada le puede costar caro. Es el caso de la Xunta y el anuncio de una recompensa al personal de las residencias por sus esfuerzos en el cuidado de los internos, casi todos mayores y muchos de ellos dependientes.
Sin la menor intención de discutir el mérito de esos trabajadores, contrasta la división que entre ellos se hace a la hora de asignar los bonus: a los cuidadores, auxiliares, etcétera -es decir, la primera línea de contacto- se les prima con 85 euros; a los administrativos, segunda línea, con 300. Y por más que puedan existir burocracia que fije niveles, quien corresponda se las podría haber pasado por alto siquiera por criterios de justicia. Y ya ni se diga para reconocer en lo económico a todos los que se la juegan contra el virus, desde sanitarios a cuerpos de seguridad. Y otros.
En opinión de quien escribe, que reconoce el buen trabajo de la Administración autonómica con la Xunta a la cabeza -y lo hace desde la experiencia como paciente-, la "generosidad" es más un gesto interesado que un dato interesante. Y por tanto criticable no tanto per se cuanto por lo que puede haber detrás, que es un intento de jugar bazas que no debieran ni tenerse en cuenta. No debe extrañar, así, que la fané y descangallada oposición tenga motivo y oportunidades para sacudirle la badana al Ejecutivo gallego. Y, con cinismo comparativo sin igual, pedir más control.
Claro que en esto llegó el bigobierno central: en horas veinticuatro pasó de las musas a ese teatro y anunció 16.000 millones -el que tiene más músculo, en este caso financiero, puede presumir más- para que ninguna comunidad "se quede atrás en la lucha contra el virus". Sería estupendo si se hubiese anunciado el primer día, pero dos meses después resulta sospechoso de politiqueo en víspera de un Pleno parlamentario que quizá no admita otra prórroga del estado de alarma. Y, aparte, los anuncios de Moncloa a través del sabatino discurso patriótico, suenan a los cantares de Antoñita la fantástica. ¿O es que ya nadie se acuerda de los primeros 200.000 millones, luego 120.000 y más tarde 20.000 que aún no llegaron a todos sus teóricos beneficiarios? Y es que la línea gris es, de verdad, difusa. ¡Porca memoria!
¿No?
