A partir de la aceptación -que no supone mérito alguno para quien escribe, porque es una evidencia- de la enorme dificultad de gestionar la crisis sanitaria y todas sus derivadas, resulta preciso también reconocer que se pudo y se puede hacerlo mejor de lo que se está haciendo. Y aunque esa crítica se considere -desde círculos próximos al poder- nada menos que "antipatriótica", parece obligada. Y hasta necesaria si se ajusta a las reglas básicas de cualquier sociedad democrática. Una de ellas, respetar los hechos y otra, igual de legítima, opinar sobre ellos con libertad.
La primera, que de forma coloquial podría reconocerse como fáctica, abunda en ejemplos que fundamentan la opinión de que la gestión es manifiestamente mejorable. Y hasta, en determinados casos, del todo inexplicable. Asuntos como el de la utilización de empresas inhábiles para compras importantes de material que resultó inutilizable; la impune apropiación, se supone que indebida, por terceros de otros elementos ya pagados y, sobre todo, la falta de explicaciones oficiales o la insuficiencia de las aportadas dejan la imagen del Gobierno -y de España- por los suelos; y eso entra en la opinión libre, la segunda regla.
En este punto importa, sin que deba interpretarse como una excusatio non petita, subrayar que no se pretende abrir un catálogo de errores o de malas prácticas. Ni de una serie aparente de falsedades -en materia de déficit presupuestario y cifras de afectados por el virus- enviadas por el bigobierno central a la UE y/o a la OCDE. Pero es preciso avivar la memoria, porque han contribuido a deteriorar la credibilidad de estos Reinos ante instituciones cuya ayuda es indispensable para vencer al Covid-19 y afrontar el negro panorama económico subsiguiente. Que ya es presente, aunque falte lo peor.
Entre esos Reinos se incluye el de Galicia, que además de los efectos colaterales de cuanto queda expuesto, fue perjudicado en los repartos de materiales y obligado a afrontar la situación de emergencia con fondos propios. Y que ahora, sin consulta previa -pese a su probada lealtad con el mando único- para exponer sus puntos de vista, asiste estupefacta al despliegue del llamado "plan de desescalada" que resulta lesivo, según afirman expertos y empresarios y autónomos gallegos para sus intereses económicos y los de otros sectores estratégicos.
(Cuanto queda expuesto es opinión personal, pero los hechos que se citan son ciertos. Y que Galicia sale perjudicada con ese plan -un nuevo embrollo, plagado de improvisaciones y líos de interpretación-- no sólo se critica desde el tejido productivo de las pyme, sino por las grandes empresas. Pero mientras estas tienen margen de resistencia, comercios, hoteles, bares y firmas turísticas de esta tierra no podrán subsistir con un treinta por ciento de ocupación, y con la más que discutible asimetría de aplicación por provincias. Esa es la realidad, que algunos ven y por eso reclaman mientras otros callan por si enfadan a sus jefes.
¿Eh??)
