Ahora mismo, y dicho con la mayor prudencia posible, resulta obligada -y urgente- una explicación desde los responsables del Gobierno presidido por el señor Rajoy acerca de las cuentas del Tribunal que lleva ese nombre. Y es que si cuanto señalan sus integrantes -y que FARO publica- es exacto, la tomadura de pelo a los habitantes de este antiguo Reino resulta histórica, además de desvergonzada e intolerable. Aparte de políticamente descalificadora para todos quienes hayan tomado parte de ella autorizándola, ejecutándola u ordenando que se ocultase.
No se trata de desarrollar un juicio de intenciones. Se utiliza el verbo "ocultar" porque lo demuestra el hecho de que ese Gobierno es responsable de los hechos que el Tribunal de Cuentas da por probados e imputa a Adif, una Administración de Infraestructuras ferroviarias que no dependía de alguna Hermandad procesional o una ONG, sino de un Ministerio. Y si el Gobierno, y el departamento correspondiente, no sabían lo que estaba pasando, resultaría aún peor: hace mucho tiempo que este país está harto de que sus dirigentes se enteren por la prensa de lo que ocurre.
Los datos son tremendos: modificaciones en actuaciones en la línea de AVE entre Madrid y Galicia de 2014 a 2017, cambios de proyectos ya iniciados, errores de planificación o dilaciones a obras asociadas. Hasta escasa disponibilidad de dinero, que es la extraña guinda que culmina una tarta de disparates que la sociedad gallega tenía, y tiene, derecho a conocer en todos sus detalles. Porque es posible que la responsabilidad, según alguna pintoresca teoría explicada por una expresidenta del Parlamento autonómico, "ya está saldada por el resultado electoral", pero aunque así fuera -y es opinable- resulta obvio que el engaño es demasiado grave.
Así las cosas, ha de quedar claro que la exigencia de explicaciones corresponde no solo a la ciudadanía, sino también a la Xunta de Galicia, a quien en principio ha de suponerse oficialmente ignorante -por ética, estética y política- de cuanto ha dado a conocer el Tribunal. Conste que algo debió sospechar cuando encargó a sus expertos el informe que dio a conocer hace semanas, pero eso solo podrá confirmarlo o negarlo el Ejecutivo gallego. En todo caso, culpó de retrasos al actual Gobierno y debe, al menos, matizarlo dicho. Sería lo justo e incluso lo necesario.
Nadie puede extrañarse por tanto ante la indignación ciudadana, ni de que se diga hoy mismo que lo que parece congénita estupidez de sectores del PP ha vuelto a ponerse de manifiesto. Cuando más razones se acumulan para detestar la actuación hacia Galicia del gabinete actual, resulta que se descubren las razones del retraso de una obra clave para este país. Y que, además, se debe a un "gobierno amigo" que acaso no tenga toda la culpa, porque entre 2014 y 2017 aquel retraso ya era considerable, y que poco antes de salir tras la moción de censura cesó -otro indicio- a un alto directivo de Adif con un motivo difuso. La torpeza, porque en política no cabe la ingenuidad, no pudo ser mayor, y con efecto retardado: aporta a su mayor rival un balón de oxígeno en plena tormenta. Es increíble.
¿O no??
