Resulta cada vez más frecuente, y por eso la preocupación va en aumento, el dato de que las explicaciones que sobre un hecho dan sus autores son tan inverosímiles que provocan la sospecha de una oculta intención provocadora. O, y eso es todavía peor, que se considere incapacitados para entender a quienes las escuchan: hay ejemplos, recientes y reiterados, que argumentan la opinión que se expone y que no pretende en absoluto convertirse en dogma de fe. Pero, si se analizan con atención los casos concretos, el punto de vista particular sería bastante difícil de refutar al completo.
La última comparecencia de la nueva Portavoz del Gobierno, señora Montero, reúne todas las características de lo que se ha calificado de inverosímil. Tal como informa FARO, la negativa de la -también- ministra de Hacienda a librar la totalidad de fondos que la Xunta reclama como débito incurre en tales contradicciones que diríase fruto de la obcecación en sostenella y no enmendalla o en la manía temeraria de explicar lo inexplicable. O de ambas a la vez, lo que resultaría muy grave en una responsable del departamento que maneja buena parte de las finanzas públicas.
En este punto procede recordar alguna de las contradicciones en lo que respecta al asunto con Galicia. La ministra, sobre el pago de las cantidades reclamadas, afirmó en principio que era "legalmente imposible" para, algo después y quizá ante la proximidad electoral, descubrir un informe de la Abogacía del Estado que habilitaba la entrega. Este martes adujo que Galicia no cobraría porque se ha sobrepasado el plazo "legal", prueba evidente de que la legalidad existía desde hace el tiempo suficiente para haber cumplido antes lo que era viable y se solicitó: el pago. Y a confesión de parte sobran pruebas.
Cuanto queda expuesto se puede tomar como se quiera, y es muy probable que guste poco o nada a quienes forman el entorno -aunque geográficamente algo lejano- gubernamental. Pero como llueve sobre mojado es obligación de los observadores ponerlo de manifiesto siquiera para que no se olvide. Por cuanto significa en términos políticos y, por supuesto, también en lo económico: doscientos millones de euros no son moco de pavo para nadie, y menos para una comunidad como esta, con la que el Estado no ha sido precisamente generoso durante muchísimos años.
La citada obcecación de la titular de Hacienda no debiera convertirse solo en objetivo para los reproches del Gobierno gallego y de su titular, ni para que este amague con una remisión del conflicto a los tribunales. Parece obligación de la Xunta ejercer todos sus derechos, entre ellos el judicial, para reclamar lo que en definitiva es dinero que se debe a las gentes de este antiguo Reino y, por tanto, protestar no es suficiente: hay que actuar en defensa de lo que se considera propio, sobre todo cuando además es justo. Y si no se hiciere de ese modo, habrá que asumir la responsabilidad correspondiente en su momento.
¿No...?
