Acostumbrado, como parece, este país al espectáculo de que determinados grupos, para defender sus derechos, utilicen como rehenes a sus conciudadanos/as, no debiera extrañar que la práctica se extienda. Ni que pudiera invadir terrenos que, hasta ahora, parecían especialmente amparados por lo que ha dado en llamarse "políticas sociales". Pero a estas alturas son pocos los que dudan ya de que aquí todo es posible, y de que la debilidad -no solo financiera sino vocacional- favorece el progresivo avance de "soluciones" que se orientan más al beneficio privado que a eso, un tanto extraño ahora, que se llamó siempre "bien común".
En este punto conviene dejar claro que la opinión que se expone no busca denunciar, y menos condenar, la privatización que en sus diferentes formas y con variadas excusas, crece cada día. Entre otros motivos porque no es discutible la enorme dificultad de que las ingentes necesidades de todo tipo de buena parte de la sociedad se resuelvan desde las Administraciones. Y eso hace aún más necesaria la iniciativa privada y la admisión de la compatibilidad entre los conceptos de negocio particular y de interés general para dar servicios básicos. O sea, la concertación.
Se ha establecido, y polemizado por ello, esa convivencia en terrenos como la Sanidad o la Educación, donde es aún más evidente que la obligación pública de atender derechos y la escasez de recursos para cumplirla exige métodos mixtos. Que no son perfectos pero que debidamente ordenados permiten cuando menos paliar los daños mayores de inasistencia. Pero queda dicho: debidamente ordenados, lo que entre otras cosas implica control, supervisión y un orden de prioridades que, por la propia naturaleza de los servicios, ha de proteger a los más débiles.
Y es en este punto donde aparecen los conflictos, algunos de ellos de muy difícil aceptación. Por ejemplo, la amenaza de los empresarios de centros geriátricos de renunciar a los conciertos si la Xunra no aumenta un 25 por ciento sus tarifas. Si se tiene en cuenta que la mitad de las plazas actuales, que son insuficientes, están en esos centros privados, la conversión en rehenes de los mayores ya internos y de los que esperan plaza, es un hecho. Y se puede argumentar como se quiera, o explicarlo en arameo, pero la verdad -que son rehenes- lo es, la diga Agamenón o su porquero.
Lo más triste del asunto es que el precio que paga la Xunta en sus conciertos ha de tener en cuenta las tarifas de los centros y las pensiones de los internos. Y como todo el mundo sabe, la cuantía de esas pensiones -entre las más bajas de España-, supone desfase en las cuentas de los empresarios geriátricos. Resultaría interesante que estos pidieran a sus colegas en otras áreas que aumenten los salarios para mejorar cotizaciones. Puede que suene absurdo y quizá lo sea, pero refleja también el disgusto que sin duda sentirán no pocos integrantes del amplio colectivo de mayores. E incluso la Xunta que se vuelve también rehén de quienes ahora dicen que llevan veinte años cobrando lo mismo: buen negocio debía ser ése para tan largo silencio. Hay que ver.
¿No?
