17 de marzo de 2019
17.03.2019

El inmueble deseado por el Estado y la Xunta

17.03.2019 | 03:48

El pétreo inmueble de Obras Públicas se convirtió mucho tiempo después en el principal objeto del deseo entre el Estado y la Xunta, cuando estuvo en liza el reparto de dependencias entre las administraciones central y periférica. La negociación abierta entre ambas partes se prolongó durante dos años, aproximadamente, entre 1983 y 1985, y el edificio terminó por convertirse en el último obstáculo para alcanzar un acuerdo definitivo.

Domingo García Sabell, delegado del Gobierno, y Xosé Luís Barreiro Rivas, vicepresidente de la Xunta, fueron los grandes protagonistas de aquella complicada repartición, que también contó en Pontevedra como actor destacado al primer gobernador civil socialista, Virginio Fuentes Martínez.

La articulación de una ponencia de carácter técnico fue el instrumento elegido por el gobernador civil para fijar las necesidades de la administración del Estado en la provincia de Pontevedra. Sus integrantes atendieron la inevitable reestructuración de las antiguas delegaciones ministeriales, como consecuencia de las amplias competencias transferidas al Gobierno gallego. Desde el primer momento, Virginio Fuentes propugnó la reagrupación de los servicios estatales en un solo edificio, o dos a lo sumo. Esa pretensión mantuvo sin variación alguna hasta la conclusión del proceso.

Mientras estuvo abierta aquella negociación, los administrados sufrieron las consecuencias de una ubicación provisional caótica. Quien más, quien menos, se las veía y se las deseaba para saber a qué lugar dirigirse, de un lado para otro de la ciudad, a fin de realizar la gestión pretendida.

Después de mucho tira y afloja, García Sabell y Barreiro Rivas lograron a principios de 1985 un acuerdo de reparto en toda Galicia, con la excepción de Pontevedra, donde no hubo manera de conseguir un consenso sobre el edificio de Obras Públicas, convertido en una especie de joya de la corona.

La Xunta no se pronunció durante varios meses sobre una oferta elaborada por el Estado para resolver su disputa: unos 11.500 metros cuadrados repartidos en siete locales para la primera, frente unos 4.400 metros cuadrados distribuidos en tres dependencias para el segundo.

Fuentes Martínez defendía a capa y espada la disposición de un edificio del tamaño adecuado para reunir el mayor número de oficinas ministeriales. Obras Públicas con sus 2.274 metros cuadrados era el inmueble que mejor respondía a sus exigencias, al tiempo que sumaba la ventaja de su proximidad al Gobierno Civil. Como contrapartida, la Xunta se quedaba, entre otros, con el edificio de Benito Corbal, con sus 6.850 metros cuadrados, que posteriormente se convirtió en su sede de referencia, hasta su remodelación actual.

A la Consellería de Ordenación del Territorio (Cotop) le costó mucho abandonar el edificio de san Roque, que había ocupado casi en su totalidad tras el reparto inicial, y lo consideraba como propio.

Finalmente, el gobernador civil se salió con la suya. Aquella cesión explica que el singular inmueble levantado a mediados del siglo pasado para acoger la Jefatura de Obras Públicas, albergue hoy la Unidad de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento.

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