Un Real Decreto puede ser un recurso para que, como es el caso del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez hasta la celebración de las próximas elecciones generales, se ponga en marcha un programa de gobierno que no pudo ser aprobado porque tampoco lo han sido los Presupuestos Generales del Estado. Pero, utilizado más o menos arteramente, tal Real Decreto no es sino una bofetada sin previo aviso a un sector como el pesquero y mariscador, al que se pone contra las cuerdas con la disculpa de revalorizar las pensiones públicas en un momento ciertamente grave y de simple supervivencia.

Como se trata de un Real Decreto (el 28/2018 de 28 de diciembre, publicado en el DOG en diciembre pasado) no quedan opciones a la presentación de objeciones, con lo que, de entrada, resulta imparable en sus efectos.

Desconozco el grado de implicación de los responsables del ISM en la puesta en vigor de tal Real Decreto. Pero doy por hecho que sabían cuál iba a ser la respuesta del sector a un incremento medio de 47 euros (prácticamente un 25% más) mensuales en sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Fuera de este problema quedan los tripulantes de embarcaciones del tercer registro; pero todos los autónomos de los grupos con derecho a la aplicación en su caso del coeficiente reductor que les permite adelantar la edad de jubilación, se ven afectados negativamente por más que se intente hallar la ventaja de cotizar más.

La pregunta es de cajón: ¿Por qué lo hace ahora el Gobierno? La decisión de tal incremento ya fue anunciada en la segunda semana de febrero en una asamblea de la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de A Coruña en la que, curiosamente, ninguno de los asistentes evidenció disconformidad. La subida se justifica en el incremento de las bases de cotización a la Seguridad Social (solicitada insistentemente por el propio sector); se incrementa el tipo máximo de cotización para accidentes de trabajo y profesionales (que es donde se incide más duramente) y todos esos incrementos se "venden" como "mejoras" que, sin embargo, no compensan la subida de tarifas. A grandes rasgos: los autónomos (patrones y motoristas) pagaban en 2018 un promedio de 212 euros mensuales. Los tripulantes y mariscadores, 195 euros cada mes. Desde enero de 2019, los afectados han de abonar entre 45 y 50 euros más en cada mensualidad. Y este incremento se ampara en la posibilidad teórica de beneficiarse unos y otros de una prestación que hasta ahora no se podía solicitar hasta un mes más tarde de producirse el cese de la actividad (en el caso de los mariscadores a pie, por ejemplo, a causa de vertidos o cualquier otra circunstancia que impidiese el marisqueo). El sector pedía cambios en este concepto, porque cuando reclamaban las ayudas previstas por ese cese de actividad, este ya se había superado y el derecho a la percepción de las ayudas no tenía objeto. La cotización por cese de actividad era del 2.2% y ahora la rebajan al 0,7%. Al decir de los afectados, no compensa la subida de los accidentes de trabajo y/o cese de actividad porque esta era voluntaria y, desde el 1 de enero de 2019 es obligatoria.

Para el sector, "se vende como mejoras aquello que no compensan las subidas aprobadas".