Es probable que la decisión de la Xunta, anunciada por su presidente, de negar nuevas ayudas a Vulcano genere, y más en esta circunstancia electoral, reacciones hostiles para con el gobierno del señor Feijóo. Que serán lógicas desde el punto de vista social -y humano, por qué no especificarlo así-, pero desde el político parecerán sobre todo de oportunidad y desde el económico, inevitables. Y no porque los astilleros vigueses carezcan de rentabilidad para los fondos públicos de donde habrían de salir las ayudas, sino por el precedente de inutilidad práctica de aplicarlas a la hora de evaluar los resultados obtenidos.
La decisión de la Xunta y el anuncio del señor Feijóo no han debido de ser fáciles, como no pueden ser fáciles de recibir en un sector clave para la industria gallega y en una ciudad que se siente maltratada -y no sin razón- por las Administraciones. Y hará aún más daño, previsiblemente, en los propios astilleros, que en muchos momentos han marcado o colaborado en el proceso de reconocimiento de las libertades y en otros han sido espejo de lo que la patronal del sector definió como "belicismo sindical" y que denunció como causa directa de buena parte de los males laborales.
Lo peor es que seguramente todos esos puntos de vista -al menos en opinión de quien esto escribe- aciertan. Y no tanto en endosar "culpas" -que alguna puede haber repartida- cuanto en señalas responsabilidades. Porque en la actual situación cabe repetir aquello de que entre todos lo mataron -al astillero- y él solo se murió. Nadie, de verdad, puede pretender que una gestión que acumula facturas sin pagar y consume los supuestos beneficios de una tarea antes de concluirla pueda ser tomada en serio y menos aún que los fondos públicos vuelvan a ser solución de nada.
A la vez, y siempre desde la opinión personal, no se puede resumir esta crisis sin una referencia a cuanto pudo haber contribuido a ella la ausencia de paz social que, sin duda y por una estrategia errónea de los sindicatos, llevó a la falta de pedidos en la agenda de trabajo de Vulcano. Y tampoco se debería, desde una posición política -con minúscula- y/o electoral, culpar a la Xunta de "ir contra la ciudad" por negar más ayudas a quienes no han podido, ni sabido, superar la situación con el producto de anteriores subvenciones públicas. Por más que duela.
Dicho todo lo anterior, procede de inmediato señalar que el cierre de los astilleros no debiera ser la única opción. Y no ha de tenerse esto como una contradicción con lo anterior, en la medida en que una cosa son las ayudas económicas y otra las gestiones para resolver la crisis como, por ejemplo, se busca remedio a la de Alcoa: intentado, otra vez, que "alguien" inyecte capital o compre el astillero. Lo que podría tener efecto sobre una parte de la plantilla, pero probablemente menor en las empresas auxiliares y que, de lograrse, destruiría menos empleo que la desaparición. Y en ese aspecto sí que cumple reclamar que la Política, con mayúscula, entre en escena. Pero no para conseguir votos, que quizá los obtuviera, sino para resolver un grave problema que debilitaría a la construcción naval gallega en su conjunto. Y que, por tanto, es una cuestión de país.
¿O no...?
