Pese a los vasos comunicantes entre el Supremo y el Congreso, que modulan todo lo que ahora ocurre, se producen cortes de flujo que genera disonancias entre ambos escenarios, más visibles en los momentos estelares. Quedó constancia de ello ayer: mientras la sensación de fin de legislatura de adueñaba del Congreso, tras la derrota de los Presupuestos del Gobierno, la vista oral por la intentona soberanista atravesaba uno de sus momentos más grises y adormecedores con la toma de posición de la Abogacía del Estado. La exposición de Rosa María Seona López se hacía más plúmbea y deshilachada por contraste con las previas de los fiscales, contundentes, claras y definidas con precisión cortante. Javier Zaragoza y Fidel Cadena acotaron el terreno en el que ahora se encuentran confinados los acusados. Hubo rebelión porque esa figura "sólo exige un alzamiento público y violento", sostuvo Cadena, y eso ocurrió el 20 de septiembre ante la Consellería de Economía. "El ejercicio de la acción política no es una causa de exención de la responsabilidad criminal", apuntaba Zaragoza contra la línea principal de las defensas. O dicho de otra manera, no cabe conculcar la ley con una supuesta coartada democrática, porque la propia ley es el sustento de la democracia, aunque Torra esté todavía por llegar a ese capítulo del manual básico para la vida pública.
El crudo escenario que dibujaron los fiscales guarda poca relación con el "vodevil judicial" con el que Andreu van den Eynde, el defensor de Junqueras, comparaba el proceso seguido en la instrucción de la causa. Van den Eynde es, de la numerosa tropa de abogados, el que más a gusto se encuentra con la transmisión televisada del juicio. El letrado sabe que, en ausencia del fugado Puigdemont, tiene a su cargo a la figura principal de la causa. Explotar al máximo ese protagonismo puede costarle algún roce con el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, quien ayer mostró su intención de imprimir agilidad al juicio. La resolución inmediata de la fijación de criterio que Vox reclamaba sobre el lazo amarillo que Jordi Sànchez luce en la solapa anticipa que los magistrados han avanzado ya sobre aspectos que puedan generar retrasos o embarrancamientos ocasionales de las sesiones. El empeño sigue siendo que todo quede visto para sentencia antes del inicio de la campaña electoral para el 26 de mayo, pese a que ayer adquirió severa consistencia la amenaza de anticipo de unos comicios generales que podrían descargar con intensidad sobre todo el país, pero con especial virulencia sobre la noble sala del Supremo
