Es posible que, si se contempla con mirada distraída, el anuncio de que la Administración gallega prepara una reforma, el despistado se limite a tratar la intención como una más de las que nunca pasan de las musas al teatro. Pero si se analiza despacio, llegará el ojeador -probablemente- a la conclusión de que en el fondo hay más cera de la que arde y de que el objetivo de la Xunta va más allá de un lavado de cara. Y hasta puede que concluya que en realidad pretende -y ojalá lo consiga- normalizar situaciones que otros han llevado a cabo hace ya bastante tiempo.
Sin lanzar las campanas al vuelo, y menos aún de criticar o menospreciar la tarea de las administraciones públicas y sus funcionarios, hay que reconocer como útil -por lo menos- que en su carrera profesional hayan de revalidarse conocimientos y ejercicio práctico, que es lo normal en otros países, y que para acceder al grado se olviden el "digitalismo" -donde aún exista- y se generalicen otros métodos, objetivos, en los que concurran, además de la memoria, la práctica diaria al buen servicio de la sociedad. Criterios que mejorarán la tarea y la imagen.
A partir de ahí, y con el debido respeto a quienes tengan más que decir -que seguramente serán muchos-, resulta conveniente añadir que esa normalidad que se busca ha de extenderse a todas las administraciones. Porque no conlleva, el método, desprecio alguno, sino la necesidad de que se mantenga al día lo que no puede ni debe caer en la rutina. Y de algún modo, también, la obligación efectiva de que no se duerma en los laureles quien, tras aprobar una dura oposición, crea que ya todo está hecho y actúe en consecuencia. Y considere que, al menos en su vida laboral, puede dejarse llevar.
Siempre en opinión de quien esto escribe, las administraciones, aquí, han mejorado -si bien unas más que otras- de forma muy notable en los últimos años. Pero el hecho de que -salvo imponderables o sentencias judiciales- la condición de funcionarios públicos implique la permanencia asegurada supone también un contraste demasiado fuerte con la realidad laboral del resto de la ciudadanía. Y de forma especial con la actividad privada, en la que hay que demostrar casi cada día una notable eficacia y eficiencia para mantenerse en ella.
No se trata de comparar, ni tampoco de reclamar cambios radicales en el oficio público que, por serlo, exige probablemente una estabilidad mayor para garantizar mejor la objetividad. Pero no tiene por qué excluir un análisis periódico de capacidad después de demostrada con el acceso. Que no ha de ser una copia de aquella prueba para ocupar la plaza, pero sí un repaso para seguir adelante con eficacia. Cambiar un tópico parece una iniciativa excelente para mejorar lo público, acercarlo más a la normalidad diaria y, en definitiva, hacer posible que trabaje en mejor coordinación con lo privado. Con la garantía añadida de mejores controles para eliminar del todo viejos vicios, parecidos en ambas actividades, pero con la diferencia, esencial, de que unos se pagan con dinero propio y otros con el de todos.
¿Eh...?
