A estas alturas, y por más que alguien se lo tome como exageración -seguramente movido más por el partidismo que por la lógica-, no parece dudosa la afirmación de que el Gobierno central, y para ser del todo exactos su ministerio de Hacienda, insulta la inteligencia de los gallegos. Además de a muchos otros contribuyentes, por no decir todos, a los que pretende dar gato por liebre o convencerlos de que la supuesta "lucha contra el fraude" no tiene un objetivo moral sino recaudatorio; y de ahí los abusos.
Viene a cuento el introito -que debería haber incluido un matiz: el fraude es un mal social y desde luego un delito cuando se lleva a cabo de forma dolosa y muchas veces premeditada, y si es así, debe combatirse- tras conocer que el departamento del señor Montoro se propone incluir determinados impuestos autonómicos en el recibo de la luz. Que ya de por sí, y sea cual fuere su origen, parece un jeroglífico anterior a la piedra de Roseta -y, por tanto, ininteligible e intraducible- y a partir de ahora, enloquecedor.
Resulta evidente que uno de los objetivos del ministerio es satisfacer las demandas de las poderosas compañías eléctricas, que consideran un "grave perjuicio" el mero hecho de que se reeducan un poco sus beneficios. Y eso es lo que llevan diciendo, por ejemplo, en Galicia con amplias complicidades anteriores, desde que se implantó aquí el canon en tiempos de Manuel Fraga y se mantuvo por sus sucesores. Y ahora da la imprecisión de las presiones van a dar resultado.
En este punto, y dicho como opinión personal, es preciso dejar claro que la anunciada medida de Hacienda resulta un insulto para los gallegos/as en la medida en que la comunidad, excedentaria por ejemplo en producción hidroeléctrica, paga por la energía tanto o más que otras que no lo son; algo así como que los saudíes pagaran más por el petróleo que los eslovacos. Y recargar ahora sus recibos podría constituir una injerencia -como la que afectó a las eólicas- de la Administración central en la Autonomía.
Pero tal cosa la aclararán en su momento los jueces. O al menos eso es lo que se espera de la Xunta: que en defensa de los conceptos y de los ciudadanos, recurra ante los tribunales una medida que se mire como se mire, no solo parece absurda, sino además hostil. Y es que algo raro debe ocurrir con este antiguo Reino que, cuando intenta construir sus propias políticas -dentro de la Ley, claro- sufre enormes dificultades y además lo paga caro. Y ya está bien de bromas.
¿No...?
