Una de las características más llamativas de eso que ha dado en llamarse "entorno de la política" es la facilidad con la que el poder -que suele identificarse con quienes gobiernan, aunque no necesariamente lo sea siempre, al menos de una forma literal- encuentra excusas para decisiones que suscitan en la sociedad críticas, desacuerdo y, a veces, una notable indignación. Y otra de las "coincidencias" es que tales disculpas suelen ser difundidas, apelando a la libertad de opinión, precisamente por quienes disponen de un menor margen para ejercerla.
No es una casualidad, por supuesto. Sin constituir una regla carente de excepciones, porque hay quienes de buena fe creen en las explicaciones oficiales y por tanto -en uso de su derecho- las respaldan, es difícil discutir el hecho de que buena parte de los que las asumen son sobre todo quienes dependen del poder, y de los gobiernos, para su prosperidad y a veces incluso para le supervivencia. Y el entusiasmo que ponen en su actitud revela el grado en que aquella dependencia les afecta. Dicho, naturalmente, como opinión personal pero compartida con bastantes.
El ejemplo más claro para ilustrar lo que precede son las diferentes reacciones producidas por los acuerdos presupuestarios a los que ha llegado el señor Rajoy con partidos o personas cuyas ideologías y pretensiones ni coinciden con las ideas del PP ni, lo que es aún más importante, con el programa electoral de don Mariano. Sus exégetas afirman que "no hay que provocar alarmas" ni "inventar diferencias", y disculpan las contradicciones asegurando que todos los partidos han caído o caen alguna vez en ellas. Lo que es verdad, pero solo consuelan a los tontos.
Lo peor de quienes se excusan de tal guisa no es solo que condicionan en bastantes casos su libertad de opinión, del todo respetable, a la necesidad de subsistir, sino que han de elaborar teorías que los hechos se encargan de refutar. Sin ir más lejos, cuando respaldan la urgencia de recortar el déficit, pero luego aplican esas tesis a unos no, como a Euskadi o Canarias, y a otros sí: véase a Galicia, que se ha quedado en las cuentas de 2017 sin un treinta por ciento de la inversión pública de 2016. Y eso que el antiguo Reino tenía en Rajoy y Feijóo "dos valedores".
Conviene insistir en que lo que se expone no es un dogma, sino una opinión, y reiterar que parece compartida en gran parte por gentes tan poco sospechosas de oponerse a los esquemas básicos del PP como los empresarios. Su organización pontevedresa ha declarado una especie de estado de alerta ante el futuro de las inversiones aquí. Y sobre todo en algunos puertos, ahora que el de Bilbao va a gozar de un status privilegiado en cuanto a enlaces. O sea, lo que ven casi todos menos los que deberían.
¿No?
