El Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, el llamado CIS catalán, prepara una encuesta para saber cuán importante es para los jóvenes de aquella tierra "obedecer siempre las leyes". Y no digamos alistarse en el Ejército "en tiempo de necesidad" (no dice bajo qué bandera).
El universo de la encuesta es de 1.900 personas, 1.100 de ellas de entre 16 y 29 años. Es lo que se llama un sondeo de futuro, para conocer qué harán los catalanes dentro de unos años si ya son independientes y los avispados araneses, por mor de su renta per cápita, pugnan por convertirse en el país más pequeño del mundo.
Pero además de futuro, la indagación demoscópica tiene presente, y resulta que el tal debate (la obediencia a las leyes) es ahora mismo la mayor preocupación de los rectores del "procés".
Lo es porque el aborto legislativo que preparan para transitar a lo Gandhi, con sentadas y sonrisas, de una legalidad a otra, puede irse fácilmente al traste si los Mossos no se desconectan de la Constitución y el Estatut, y se han cansado de decir, sin abrir demasiado la boca, que no piensan hacerlo.
Por eso a Puigdemont le vendría de perlas que la encuesta dijera que los catalanes cobijan un ferviente deseo de desobedecer; de desobedecer, ahora, cuando están bajo la férula de Madrid, no cuando Barcelona les mande y la ilusión de tener un país valga tanto como el empleo o el dinero. Pero, ay, cómo distinguir entre una desobediencia y otra.
El Gobierno catalán, mosqueado, ha respondido a las críticas alegando que eso mismo (obediencia a la ley, disposición a coger el fusil) lo preguntó el CIS español en 2014. Bien, pero no es lo mismo preguntar por la importancia de obedecer la ley cuando esa obligación se presupone, que cuando se está alentado la desobediencia.
En el primer caso el Gobierno que encarga la encuesta peca de ingenuo; en el segundo, como poco, de cínico. La deslealtad se le presupone.
